Editorial: Libertad condicional

Hace algunas semanas respondimos en esta misma página a la idea que un sector de la izquierda local  ha venido promoviendo a propósito del Caso Lava Jato, según la cual los escándalos de corrupción revelados recientemente tienen origen en el modelo económico liberal y en la tecnocracia que habría dictado la agenda de los políticos que nos gobernaron en los últimos lustros.

En aquella ocasión destacamos que dicho argumento partía convenientemente por ignorar ciertos hechos elementales, como el estrecho vínculo que las empresas involucradas en los escándalos tenían con organizaciones políticas de izquierda, como el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil. Y, además, que el esquema de corrupción utilizado en Lava Jato –pagar coimas y concertar para asegurar contratos con el Estado– implica justamente la negación de la competencia en el mercado, uno de los pilares básicos para una economía libre.

Con ocasión de la marcha contra la corrupción convocada –entre otros– por la ex candidata presidencial Verónika Mendoza y llevada a cabo la semana pasada, distintas voces han continuado insistiendo en que existiría una relación causal entre el “modelo neoliberal” y la corrupción. Una de ellas ha sido la propia Mendoza, quien días antes de la marcha comentó en una entrevista con “Diario Uno” que “es el modelo el que genera la corrupción”, y que se trata de “un modelo que está al servicio [de] los intereses de las empresas y que genera corrupción”.

El problema con este relato, no obstante, es que no tiene un verdadero asidero en la realidad. E incluso resulta más cuestionable ahora que Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht en nuestro país, ha confesado ante fiscales peruanos que la constructora brasileña entregó US$3 millones para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011 a solicitud del PT. Campaña en la que, cabe recordar, también participó Verónika Mendoza, y que se caracterizó –sobre todo durante la primera vuelta– por su oposición al “modelo”.

Lo cierto es que en el Perú nunca se ha dado una verdadera reforma liberal. Un indicador de ello es que, contrariamente a lo que quisieran sus detractores, un verdadero modelo económico de libre mercado requiere necesariamente de un Estado de derecho con instituciones que conformen un eficaz sistema anticorrupción.

Si se observa, por ejemplo, el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, vemos que la integridad gubernamental –anticorrupción– tiene exactamente el mismo peso como elemento de una economía libre que la libertad de comercio. Por ello, al buscar qué países son considerados más libres a escala global, encontramos que todos los que encabezan la lista –como Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Suiza o Canadá– tienen sistemas eficaces de lucha contra la corrupción.

Es esto en parte lo que explica por qué, más allá de la retórica ensayada por nuestros líderes de izquierda, en cuanto a los niveles de libertad económica el Perú se ubica en el puesto 49 entre los 178 países evaluados por la Fundación Heritage, siendo considerado como solo “moderadamente libre”. Y para avanzar en dicha escala, lo que se requiere es justamente emprender reformas institucionales dirigidas a luchar contra la corrupción y a garantizar la independencia de nuestro sistema de justicia. La ausencia de estos dos elementos, por el contrario, genera incertidumbre en las relaciones económicas y permite que nuestros limitados recursos sean asignados a usos improductivos. Eso sin mencionar lo éticamente reprochable que resulta malgastar los recursos de los contribuyentes en lugar de destinarlos a otros fines, como luchar contra la pobreza y promover una mayor movilidad social.

Tal como hemos sostenido anteriormente en este Diario, la supuesta causalidad entre corrupción y gobiernos de determinada ideología no tiene un sustento válido, y más bien dicha retórica puede ser fácilmente utilizada por los políticos para impulsar sus agendas personales (como lo ha hecho Mendoza para pedir nuevamente un cambio de Constitución). En lugar de ello, en lo que deberían concentrarse nuestros líderes políticos es en impulsar verdaderas reformas estructurales que nos permitan estar más preparados para prevenir y enfrentar esquemas de corrupción como los del Caso Lava Jato.

Hasta que ello no ocurra, la libertad económica en el Perú se seguirá viviendo solo a medias, y continuaremos igual de condicionados al lastre de la corrupción.