Editorial: Llaman a la puerta

A raíz de lo que se iba conociendo sobre el reciente interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba, exhortamos el lunes en este Diario a que el Ministerio Público investigue el financiamiento de los candidatos favoritos en los últimos procesos electorales. Ello pues el empresario no solo había afirmado que tenía certeza de que la constructora brasileña aportó a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011, sino también que lo mismo había ocurrido con todos los candidatos favoritos de las elecciones presidenciales, al menos, desde el 2006 en adelante.

La más reciente revelación de nuestra Unidad de Investigación –que coincide, además, con lo reportado ayer por otros medios como IDL-Reporteros y “La República”– refuerza tal invocación.

En la entrevista realizada ante los fiscales peruanos, el empresario manifestó dos datos de suma relevancia respecto del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Primero, que su constructora había contratado al economista como asesor tras el término del gobierno de Alejandro Toledo, como una forma de “curar heridas”, debido a que, cuando se encontraba en funciones dentro del Ejecutivo, Kuczynski se había opuesto a la construcción de la carretera Interoceánica Sur. Y segundo, que si Kuczynski estuvo entre los favoritos de las elecciones presidenciales del 2011 (como se recuerda, su candidatura comenzó a despegar hacia marzo y terminó en tercer lugar en dichos comicios, celebrados en abril), Odebrecht también había financiado su campaña. Para los detalles –al igual que en el caso de la lideresa de Fuerza Popular– refirió al conocimiento de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.

Con relación al primer punto, de comprobarse la afirmación del empresario, entonces el jefe de Estado habría mentido a la Comisión Lava Jato del Congreso, cuando en una misiva dirigida a ese grupo de trabajo a fines del mes pasado señaló: “Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculadas al Caso Lava Jato”. Por otra parte, además, queda por esclarecer si efectivamente el entonces ministro de Economía tenía reparos al cuestionado proyecto de la IIRSA Sur y, de ser el caso, por qué se habría puesto de costado en lugar de enfrentar a quienes impulsaron un costosísimo despilfarro, cuyos principales beneficiarios parecen haber sido los que percibieron y pagaron las coimas para su ejecución.

Respecto del segundo aspecto, si se confirmara que Odebrecht también financió la campaña presidencial de Kuczynski en el 2011, las hipótesis que se abren paso son igual de preocupantes. Pues, o bien el mandatario y el presidente del partido oficialista, Gilbert Violeta, faltan a la verdad al negar haber recibido el financiamiento de la constructora –lo que daría paso a un escrutinio de la fiscalía por supuesto lavado de activos como viene haciéndolo con otras agrupaciones–, o bien sucede que millonarios aportes de sospechosa raíz pueden llegar a las arcas de la organización política con la que Kuczynski aspiraba a llegar a la presidencia (Alianza por el Gran Cambio, en el 2011), con la total y negligente ignorancia de sus más encumbrados dirigentes.

La respuesta inicial desde Palacio de Gobierno ha sido sencillamente medrosa: “El presidente no se pronuncia sobre trascendidos, y esperará la versión oficial sobre este caso”. Y si bien luego, vía Twitter, el mandatario se ha reafirmado en sus declaraciones iniciales, negando vínculos con la constructora brasileña, y ha pedido dejar a las “autoridades fiscales y judiciales” trabajar “con autonomía, independencia y libres de presiones políticas”, la sensación que dejan los escuetos mensajes en la red social es similar a la que ha percibido la ciudadanía con otros políticos involucrados en el Caso Lava Jato: se les pide explicaciones, pero ellos no escuchan el llamado.