Editorial: Pero llega

Anteayer la justicia sorprendió al país. No porque el fallo a través del cual se expresó careciera del debido sustento legal, sino porque las sentencias severas a personas de notoriedad política o alguna vez poderosas son insólitas en el Perú. 

Esta vez, sin embargo, la Cuarta Sala Penal Liquidadora del Poder Judicial ha condenado al ex alcalde y presidente regional del Callao Álex Kouri a cinco años de cárcel, al pago de S/26 millones de reparación e indemnización y a una inhabilitación por tres años para ejercer la función pública, al haberlo hallado responsable del delito de colusión agravada con relación a la construcción de la vía expresa del Callao (un caso que en los medios es conocido con el nombre de Convial, pues así se llama la empresa que se habría beneficiado con las irregularidades ahora sancionadas).

Entre los sorprendidos, dicho sea de paso, se cuenta al parecer el propio Kouri, quien antes de entrar a la sesión en la que sería leído el fallo declaró que no le temía a la cárcel. 

Es cierto que el antiguo líder de Chim Pum Callao tiene todavía disponible la impugnación ante la Corte Suprema –un recurso del que ya su abogado adelantó que echará mano–, pero esta sentencia inicial y el consiguiente traslado del reo al penal Ancón II constituyen una circunstancia con pocos precedentes en la historia política y jurídica del país. Y, además, la contundencia de los hechos puestos a la luz en este proceso hace dudar de la posibilidad de que, en lo fundamental, el fallo pueda ser modificado por la instancia superior.

Como se recuerda, el caso se remonta a 1999, cuando el municipio chalaco, encabezado en ese momento por él, contrató con la empresa Convial para que construyese la vía expresa del Callao con una inversión superior a los 45,5 millones de dólares. Y, tiempo después, la contraloría determinó que la inversión solo llegó a los 8’182.398 dólares.

El problema, no obstante, no se agota en ese dato. Adicionalmente, Kouri suscribió en mayo del 2002 una adenda al contrato en la que se autorizó a Convial a cobrar peaje y recaudar así, antes de la culminación de la obra, una cifra superior a los 12,5 millones de dólares. Como se sabe, en el 2008, con apenas un kilómetro y medio de autopista construida, ese cobro fue suspendido en medio del escándalo y, más tarde, las casetas en las que se hacía efectivo, echadas abajo.

Pero para entonces, de acuerdo con estimaciones oficiales, los daños y perjuicios irrogados al Estado ya ascendían a más de 32 millones de dólares.

El caso ha tenido un largo trayecto, que ha supuesto su investigación y revisión por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso desde el 2006 y por el Poder Judicial desde el año siguiente; e incluso el archivamiento por prescripción del delito de negociación ilícita, también imputado originalmente en el proceso, en mayo del 2015.

Por momentos, además, como muchas veces en nuestra historia, pareció que a pesar de lo clamoroso de las irregularidades detectadas, estas quedarían impunes, ya fuese por razones políticas, por desidia del sistema judicial o por una penosa combinación de ambas cosas. Y bajo esa misma lógica, a nadie sorprendió demasiado ver al principal acusado del caso postulando a lo largo de los años de su prolongada tramitación a distintos cargos de elección popular (aunque, en honor a la verdad, a partir de la divulgación masiva del mismo, por una razón u otra, la suerte dejó de acompañarlo).

De pronto, sin embargo, como en la confirmación de un viejo refrán, la justicia llegó. Y de pronto también, nos hizo recordar todos los otros casos o investigaciones pendientes en los que políticos importantes y antiguos o actuales ostentadores del poder en el país –en sus distintas manifestaciones– se encuentran involucrados. Nos hizo, en suma, no perder las esperanzas de que, allí donde corresponda y aunque demorada, la justicia también habrá de imponer de ahora en adelante su sanción reparadora y de escarmiento.