"A estas alturas, lo cíclico y predecible no son únicamente las lluvias, sino también la relativa inoperancia de distintas entidades del Estado para prevenir sus peores efectos".
"A estas alturas, lo cíclico y predecible no son únicamente las lluvias, sino también la relativa inoperancia de distintas entidades del Estado para prevenir sus peores efectos".
Editorial El Comercio
Editorial El Comercio

Como cualquiera, el Perú es un país de eventos recurrentes. Existen ciclos políticos o económicos predecibles, pero también patrones climáticos que se repiten con frecuencia determinada. Se sabe de sobra, por ejemplo, que en los veranos empieza la temporada de lluvias en varias zonas del país, lo que causa desbordes, huaicos e inundaciones tanto en áreas rurales como urbanas.

Entrado ya enero del 2020, y con los efectos del del 2017 aún resonando en la costa norte, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), dependiente del gobierno, advirtió la semana pasada que hay casi 1,3 millones de personas en 13 regiones en riesgo por las lluvias que se avecinan. De estas, más de medio millón de personas están en condiciones de riesgo muy alto.


A estas alturas, lo cíclico y predecible no son únicamente las lluvias, sino también la relativa inoperancia de distintas entidades del Estado para prevenir sus peores efectos. Municipios y gobiernos regionales gastaron apenas dos tercios de sus fondos para prevención de desastres en el 2019, con los gobiernos regionales de Lambayeque y Tumbes gastando el 36% y 23%, respectivamente. A nivel de Gobierno Central, por intermedio de los ministerios, el gasto en este rubro llegó al 75% del presupuesto asignado para el año pasado.

La falta de efectividad en el gasto de prevención de desastres, por supuesto, forma parte de un problema más amplio de gestión para la inversión pública que, como mencionábamos ayer en estas páginas, quedó lejos de cumplir las metas en el 2019. En zonas sensibles, las limitaciones estructurales de la inversión pública afectan no solo las obras por realizar antes de las lluvias, sino también después. Aun así, a pesar de la prioridad política, económica y social que el Ejecutivo puso sobre la reconstrucción con cambios luego del FEN del 2017, llama la atención que no haya sido posible avanzar tampoco en este campo.

Las causas son diversas, pero de ninguna forma sorprendentes: poca capacidad técnica de los gestores en municipalidades y gobiernos regionales, ausencia de planeamiento territorial, falta de coordinación intergubernamental, ecos de los escándalos de corrupción destapados en los últimos años que afectan los procesos de licitación y las obras en marcha, entre otras. Corregir estos entrampamientos toma tiempo y esfuerzo.


Sin embargo, parte de la estrategia de gobierno para enfrentar la situación pasa por una ruta más simple: mayores transferencias de recursos. En vista de las bajas tasas de ejecución del año pasado, es dudoso que sea esta una estrategia efectiva. Como en tantos otros casos, lo que parece faltar no son recursos, sino capacidad de organización y gestión. No obstante, al atomizar más de lo que ya estaba el presupuesto de la reconstrucción, y distribuirlo entre diversos municipios que no estaban en capacidad de ejecutar las obras asignadas, el gobierno logró precisamente lo contrario. Vale recordar que el propio ministro de Defensa, , contó hace poco que algunas autoridades locales no saben cómo utilizar los fondos para los planes de contingencia.

Luego de la conmoción nacional que causó el FEN del 2017, es sorprendente que se vuelva a llegar a una temporada de lluvias –tres años después– con una exposición alta al riesgo para más de un millón de habitantes. ¿Quiénes serían los responsables si se repitiesen en ciertas zonas lluvias y estragos similares a los de aquel entonces?

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