Editorial El Comercio

El presidente mexicano, , no es un gran orador, pero eso no lo amilana. Diariamente se dirige a sus compatriotas y al mundo para atacar a la prensa y a la oposición local, así como a cualquier expresión política internacional que no se acomode a sus intereses.

Hace apenas dos días, aludíamos a él con el apelativo de “el impertinente” por las repetidas ofensas al Perú que habían obligado al Gobierno actual a retirar, acertadamente, en . Y ayer ha vuelto él a cargar contra la sucesión constitucional que ha tenido lugar en nuestro país tras el fracasado golpe de Estado de y contra en su propio territorio a raíz de la reforma electoral que su administración ha impulsado al Instituto Nacional Electoral (INE).

En lo que concierne al Perú, lo que dijo fue, una vez más, que la destitución del ahora inquilino del penal de Barbadillo fue “una farsa” por la que “se pisoteó la democracia” y se estableció “de facto un gobierno autoritario y represor”. Según él, ni la prensa mundial, ni la OEA, ni la ONU hablan sobre esa “gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía […] está saqueando los bienes naturales del Perú, el gas, los recursos mineros y , un gobernante a su modo y un Congreso también”. “No se puede quedar uno callado y lo vamos a seguir haciendo”, sentenció, por último, en una frase que da cuenta de las carencias retóricas a las que nos referíamos al principio.

Esa presunta preocupación por la democracia, sin embargo, flaqueó cuando le tocó abordar la multitudinaria protesta producida el domingo en México mismo contra la reforma electoral en la que él se halla empeñado y que pone la autonomía del ya mencionado INE en riesgo al recortar su presupuesto, su personal y sus atribuciones. De acuerdo con la oposición y distintas entidades internacionales, la reforma en cuestión, conocida como el “Plan B” por haber surgido tras el fracaso de una iniciativa constitucional el año pasado, busca favorecer al partido en el poder –el Morena de López Obrador– en las próximas elecciones. Aprobada la semana pasada en el Senado, la modificación legal será analizada ahora por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues existen serios cuestionamientos a su constitucionalidad.

Mientras tanto, la ciudadanía que ve con preocupación los avances del Gobierno en su afán por asegurarse la permanencia en el poder ha salido a las calles en son de protesta. Dos días atrás, una jornada que convocó a cientos de miles de personas se verificó en distintas partes del territorio mexicano, pero AMLO trató de minimizarla. “Son muy pequeñas”, dijo a propósito de las manifestaciones. Y en una observación que quería ser irónica añadió: “Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar”.

A la hora de aludir a los líderes de la protesta, por supuesto, desplegó los mismos argumentos de descalificación clasista que utiliza para falsear la situación que se vive en nuestro país. “No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados”, señaló para describirlos. Y afirmó también que entre ellos hubo “defensores de los fraudes electorales” (una forma de evocar las dos derrotas que sufrió en anteriores ocasiones en las urnas). “Cuando dicen el INE no se toca, lo que hay que estar pensando es no se toca lo que ellos quieren: la corrupción”, anotó, por último, dejando en claro que su intención efectivamente es “tocar” el organismo electoral.

Si este doble discurso de AMLO, por otra parte, se pone en perspectiva con su complacencia ante regímenes abiertamente dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua o Venezuela, con sus constantes ataques a la prensa crítica con su administración y con la militarización de las fronteras de México para controlar la migración centroamericana, queda en evidencia la naturaleza del gobierno que él encabeza. Y también el hecho de que lo demás son solo palabras torpes que se lleva el viento.

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