"Si los partidos quieren mejorar su reputación ante los ciudadanos, deberían preocuparse por tener más filtros para evaluar a sus miembros y menos licenciados". (Fotos/Gonzalo Córdova)
"Si los partidos quieren mejorar su reputación ante los ciudadanos, deberían preocuparse por tener más filtros para evaluar a sus miembros y menos licenciados". (Fotos/Gonzalo Córdova)
Editorial El Comercio

Cuando se habla de reforma política, la discusión por la responsabilidad de los partidos en los escándalos en los que se ven envueltos algunos de sus abanderados suele ser frecuentemente dejada de lado. Sin embargo, el compromiso de las organizaciones con el proceso de selección de sus candidatos es indispensable. Se pueden tomar muchas precauciones desde la ley para evitar un espectáculo tan penoso como el que hemos visto tantas veces, pero ninguna norma reemplazará el discernimiento fino de un comité político a la hora de evaluar a quien busca recibir una dosis de poder apoyándose en ellos.

La reflexión viene a cuento porque, en lo que va de octubre, al menos cinco conspicuos representantes de organizaciones políticas han solicitado licencia a estas debido a las investigaciones o señalamientos en general que afrontan y que, en la mayoría de casos, podrían acarrearles consecuencias penales.

La excongresista Luciana León, del Apra, ha sido la última en solicitar la suspensión de su militancia partidaria “mientras duren las diligencias fiscales y/o judiciales” que enfrenta por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Intocables Ediles. Y antes que ella, hicieron lo propio el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón (condenado a cuatro años de prisión por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo), el ex primer ministro Yehude Simon (señalado por el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, de haber recibido dinero de la constructora para su campaña legislativa del 2011), y los exparlamentarios José Luna Gálvez (sindicado por un aspirante a colaborador eficaz de recibir y maquillar los aportes de Odebrecht y OAS a la última campaña municipal de Luis Castañeda Lossio) y Richard Acuña (que afronta un proceso interno disciplinario en su agrupación política).

En buena cuenta, el supuesto del que parten estas solicitudes de licencia es la ficción de creer que dicho paréntesis dejaría a salvo a sus partidos de origen en caso de que llegase a probárseles algo de aquello que se les imputa. Como si se estableciese un cordón sanitario entre el individuo y la agrupación política que evitaría que esta última fuera contagiada por las toxinas del primero. Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Es evidente que, por ejemplo, un problema de financiación de campaña (como el que enfrentan actualmente, además de Simon, personalidades políticas como Keiko Fujimori u Ollanta Humala) no solo empaña la imagen de los candidatos, sino también la de los partidos que los postularon en su momento.

Es más, en la medida en que algunos de los individuos que hoy afrontan problemas se desempeñaban además como la autoridad máxima en sus respectivas agrupaciones, es sintomático que sean ellos los que hayan ‘solicitado’ una licencia y no el partido el que haya tomado la iniciativa de licenciarlos primero. Como para dejar en claro que, hasta en estas situaciones, las jerarquías se conservan incólumes.

Existe, además, una dimensión en el hecho de avalar postulaciones de políticos que luego se ven inmersos en entresijos legales o penales de la que los partidos no se pueden desentender. En efecto, al prestarles sus colores para una elección, las organizaciones están dando a entender que dan fe de la calidad moral y técnica de aquellos a los que ofrecen y aúpan ante la sociedad para recibir el voto ciudadano. ¿Cómo, entonces, podrían después pretender no ser tocados por las consecuencias de los eventuales desaguisados que esa persona pudiera haber cometido?

¿Puede salir indemne, por ejemplo, Solidaridad Nacional tras el conocimiento de los tejemanejes judiciales que implicaron a algunos de sus ahora exalcaldes distritales, como Elías Cuba, en La Victoria, o Carlos Burgos, en San Juan de Lurigancho? ¿No tiene una responsabilidad –no penal, sino política– Alianza para el Progreso por haber incluido en su momento en sus listas congresales a dos individuos que terminaron sentenciados por delitos que nada tenían que ver con sus funciones legislativas? ¿Puede realmente Fuerza Popular desentenderse de las graves imputaciones fiscales de quien ostentó uno de los cargos más altos dentro del partido, como Joaquín Ramírez?

Si los partidos quieren mejorar su reputación ante los ciudadanos, deberían preocuparse por tener más filtros para evaluar a sus miembros y menos licenciados.