Editorial El Comercio

Según la encuesta de El Comercio-Ipsos de mayo (la última en la que se midió esta pregunta), la corrupción está considerada como que azota al país. No en vano, cuatro de que el presidente afronta en el Ministerio Público corresponden a ese flagelo. Como para empeorar la mala imagen que la ciudadanía tiene de ellos, en el tres legisladores señalados también por este problema se perfilan para asumir que se instalarán hoy.

El primero de ellos es , representante de Podemos Perú, cuya asunción como presidente de la Comisión de Presupuesto es casi un hecho. Luna Gálvez, como se sabe, tiene dos procesos en curso en el fuero fiscal. El primero de ellos por los delitos de cohecho y organización criminal por presuntamente haber tenido injerencia en el hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (cuya imagen como ciénaga de la corrupción quedó retratada tras el destape del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto) para que Adolfo Castillo fuese nombrado jefe de la ONPE en el 2017. Castillo, precisamente, estuvo involucrado en el escándalo de la inscripción del partido de Luna Gálvez en el mentado ente electoral, motivo por el que fue destituido en marzo del 2021 por la Junta Nacional de Justicia.

La otra investigación que el legislador Luna Gálvez tiene abierta es por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de su participación como dirigente de Solidaridad Nacional en la campaña que llevó al fallecido exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio al sillón municipal en el 2014. La tesis fiscal es que el también fundador de la Universidad Telesup habría canalizado los aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a la campaña a través de su institución educativa.

Como se ve, los casos por los que se investiga al representante de Podemos Perú no son poca cosa. Involucran a dos de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años en nuestro país y, sin embargo, hoy podría ser oficializado como titular de una comisión que tiene –vaya paradoja– la gran responsabilidad de asignar los fondos públicos. Inclusive el legislador le consultó ayer al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, si existía algún impedimento para asumir el referido grupo de trabajo (y recibió una respuesta negativa, lo que da cuenta de un vacío en el reglamento del Congreso que los legisladores bien podrían atajar), con lo que su nombramiento hoy parece ya inevitable.

Pero su caso no es el único. Raúl Doroteo y Jorge Flores, integrantes de Acción Popular implicados en el caso de ‘Los Niños’, también se perfilan para presidir las comisiones de Relaciones Exteriores y Energía y Minas, respectivamente. Ambos vienen siendo investigados preliminarmente por el presunto delito de tráfico de influencias. Flores, además, tiene un proceso abierto por el mismo caso en la … la misma comisión a la que ingresaría Doroteo.

No olvidemos que ya hemos resaltado las sombras que se ciernen sobre el parlamentario Doroteo. Descrito por Karelim López como el “ejecutor de todo y el más activo que quería estar con el presidente a cada rato”, Doroteo registra hasta cuatro reuniones con el mandatario y una más con el entonces ministro de Vivienda (hoy a cargo del MTC), Geiner Alvarado, amén de otras con afortunados empresarios que lo visitaron en su despacho antes de ganar jugosas licitaciones con la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

Si a este ‘collage’ le sumamos el caso del legislador Roberto Kamiche (Perú Democrático), denunciado por su exesposa por maltrato psicológico y que –según reveló “Panorama”– a su actual pareja como asesora en su despacho, quien está voceado para presidente de la Comisión de Inclusión Social del Parlamento, la foto final es desoladora.

Pareciera como si, en un esfuerzo por estar a tono con los tiempos recios que nos toca vivir a los peruanos, en el Congreso también quieren tener a sus presidentes investigados.

Editorial de El Comercio