Editorial: Luchito y el lobby feroz

Durante la última campaña electoral, uno de los ataques más reiterados contra el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski 
–provenientes desde más de una tienda política– fue su supuesto favoritismo por proteger los intereses empresariales. Ello al punto que, tras perder la segunda vuelta electoral, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori le arrogó a Fuerza Popular (FP) el rol de ser los vigilantes y defensores “contra los lobbies”, una forma de avisar que los golpes contra el ahora presidente no culminarían entonces.

Por ello, no sorprendió que tras el primer escándalo político que sacudió al Ejecutivo, el tristemente célebre caso del ex asesor presidencial Carlos Moreno, la primera reacción del vocero de FP, Luis Galarreta, haya sido lamentar que “tan rápido el gobierno tenga problemas de lobbies”. Con el pasar de los meses, no obstante, esta imputación –siempre en boca de Galarreta– se ha vuelto cada vez más recurrente, aun en casos en los que difícilmente se justificaría.

Poco antes de la censura al ex titular de Educación Jaime Saavedra, por ejemplo, el portavoz fujimorista denunció –sin presentar prueba alguna– la existencia de “un lobby millonario” que buscaba defender al ex ministro. Más recientemente, a propósito del anuncio inicial sobre la resolución del contrato para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, Galarreta aseguró que con ello caería “un gran lobby entre el gobierno anterior y el nuevo”. E incluso, ante el reciente pronunciamiento del primer ministro Fernando Zavala en el que criticaba el comportamiento de la bancada fujimorista por tener actitudes obstruccionistas, Galarreta raudamente acusó a Zavala de mentiroso y afirmó: “Denunciar lobbies no es obstrucción”.

Su más flamante víctima, sin embargo, ha llamado la atención por un hecho particular. Esta vez no se trata de otro integrante del oficialismo, sino de su colega de bancada Patricia Donayre. Tras la presentación, hace algunos días, del proyecto de ley electoral, elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión de Constitución que Donayre lideró, la expectativa era que no se incurra en el error cometido en anteriores períodos legislativos de aprobar normas inconexas (hoy dispersas en más de 30 regulaciones de diversa jerarquía), sino que se debata un paquete de reforma integral, como han sugerido varios especialistas en la materia.

Sin embargo, cuando, enfrentados ante la posibilidad de que ocurra exactamente lo contrario, Donayre y otros congresistas insistieron en su propuesta, Galarreta no dudó en hacer lo suyo e interpelar gratuitamente a su colega: “¿Por qué tanto apuro, ah?, ¿qué hay detrás?, ¿qué lobbies hay detrás para sacarlo tan rápido?”. Donayre, comprensiblemente indignada, pidió entonces una interrupción para ofrecer su descargo, pero Galarreta optó por desestimar su solicitud... y más bien continuó con su ofensiva.

Frente a esta circunstancia, entonces, solo caben dos interpretaciones: O Galarreta realmente cree que Donayre está representando los intereses de un grupo particular, en cuyo caso debería aportar la evidencia correspondiente; o se trata de un ejercicio más de disparar pullas sin sustento, lo cual debería consternar a Donayre y a cualquier político que se aventure a discrepar con el temerario “detector” de lobbies.

Más allá de este caso en particular, lo cierto es que, como sugiere la moraleja del cuento infantil de Pedrito y el lobo, haría bien el congresista Galarreta en controlar sus ansias por encontrar lobbies en cada rincón y guardar tales acusaciones para cuando un caso en verdad las amerite. De lo contrario, cuando ello ocurra, difícilmente alguien lo tome en serio.