Editorial: Mal empresario

El buen crecimiento económico del Perú de las últimas décadas no fue casualidad. Sus fundamentos han sido tan sólidos como obvios. Por ello, es inusual que alguien desconozca el rol que los pilares más esenciales del modelo económico peruano –libre mercado, apertura al comercio e inversión internacional, cuentas macroeconómicas saludables, y rol regulatorio y subsidiario del Estado en la economía, por mencionar algunos de los más importantes– ha jugado en el país. Aunque siempre perfectibles, los pilares básicos esenciales del modelo rara vez entran a debate: su demostrada eficacia lo desaconseja.

Pero las ocasiones raras también suceden. A mediados de setiembre, la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) presentó un proyecto de ley –actualmente en comisión– para modificar el artículo 60° de la Constitución del Perú y permitir la actividad empresarial del Estado. Dicho artículo actualmente dice: “Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. En otras palabras, el Estado empresario solo puede existir ahí donde el sector privado no puede ingresar y siempre que haya una justificación de peso.

El cambio que la congresista Glave propone modificaría esa parte del artículo por la siguiente: “El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo”. Con esa amplitud normativa, es difícil imaginar qué emprendimiento estatal no cabría dentro de los límites constitucionales.

Lo cierto es que, aunque parezca ocioso recordarlo, el Perú ya ha tenido actividad empresarial estatal diversificada, y los resultados fueron un fracaso rotundo. Centromín, Enafer, Aero-Perú, EnturPerú y decenas de otras empresas públicas proliferaron entre los años setenta y ochenta. Hacia finales de esta última década, las pérdidas económicas de las empresas públicas no financieras superaban el 10% del PBI. El forado era financiado, como es natural, con los escasos impuestos públicos que se colectaban. Lo que es aun peor, la calidad de los servicios brindados al público era marcadamente deficiente.

Por ello, no deja de resultar curioso que, en la sección de exposición de motivos, el proyecto de ley en cuestión (también firmado por los congresistas Indira Huilca, Alberto Quintanilla y Oracio Pacori, todos de Nuevo Perú) tome como ejemplo la baja penetración de la telefonía en ciertos lugares del territorio nacional para abogar a favor de la participación empresarial del Estado en el sector. Sucede que, mirada con atención, la penetración telefónica recién ganó momento en el país cuando el Estado la dejó en manos privadas en la primera mitad de los años noventa. La misma historia se puede contar para distintos sectores de la economía que crecieron y ganaron eficiencia cuando pasaron del control estatal al control privado.

Más allá del hecho de que el Estado es mal empresario –y que la cuenta de su ineficiencia la pagamos todos–, la propuesta de la congresista Glave desvirtúa la naturaleza del aparato público. El Gobierno tiene ya funciones definidas mínimas –como la provisión de justicia, seguridad o infraestructura básica– y que a la fecha no puede cumplir cabalmente. Cargarle más responsabilidades que no le corresponden cuando sus capacidades parecen ya rebasadas con lo que sí le toca es un despropósito.

Petro-Perú, Essalud, Sedapal y el resto de EPS, y demás empresas públicas, son quizá la mejor prueba de que, efectivamente, el crecimiento de las últimas décadas del Perú no fue casualidad.