Editorial: Una mala anécdota

Algo que nos suelen revelar las encuestas en el Perú, y en Lima en particular, es que la transparencia en la gestión gubernamental no suele ser percibida como una importante virtud, ni su ausencia como un preocupante defecto. 

Si tomamos, por ejemplo, la encuesta de El Comercio-Ipsos de julio de este año, las principales razones que expusieron quienes integraban el 69% del público que respaldaba la gestión del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio (en la última encuesta de agosto, la aprobación bajó a 64%), fueron: “hace obras”, “tiene experiencia” y “planea resolver el problema del tránsito”. Por oposición, “ha empeorado el problema del tránsito”, “es corrupto” y “hay mucha inseguridad” fueron las motivaciones destacadas por quienes desaprobaban su administración. La transparencia y la difusión de información pública no aparecieron como variables relevantes, pese a las acusaciones de secretismo que ya pesaban sobre el alcalde a raíz de los cuestionamientos sobre la conveniencia de algunas de las obras emprendidas por la comuna limeña y el gasto que ellas implicaban. 

Entre los controversiales casos se puede contar, por ejemplo, el del ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio inaugurado en abril. El mismo proyecto que, según informes de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, no contaba con los expedientes técnico y ambiental requeridos para iniciar las obras y, además, presentó sobrecostos en su construcción. Más aun, como se recuerda, cuando un ciudadano requirió a la municipalidad la entrega de los estudios de impacto ambiental y vial, estos le fueron denegados bajo el inverosímil argumento de que dicha obra no estaba sujeta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública porque “no se construía con fondos públicos”.

También se encuentra el incidente de las obras en el puente Bella Unión, cuyos constantes retrasos han ocasionado el malestar de los vecinos de la zona. Más preocupante aun es que dicha construcción haya empezado con un presupuesto de menos de S/60 millones, y posteriormente se haya prácticamente triplicado a casi S/165 millones. De hecho, al revisar el portal de transparencia económica, se puede encontrar otras modificaciones presupuestarias poco claras por parte del gobierno municipal capitalino, como por ejemplo que el presupuesto para el túnel Santa Rosa en este año haya pasado de 0 a casi S/21 millones, a pesar de que este proyecto data de hace varios años, lo mismo que la partida para la ‘fiscalización para el ordenamiento del transporte urbano en los principales ejes corredores complementarios’ que creció de 0 a S/51 millones solo este año. 

La suspicacia que podría resultar de estos ejemplos, sumada a las negativas del municipio a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por ciudadanos y por regidores en el concejo municipal, ha motivado la puesta en marcha de la iniciativa “Habla Castañeda”, un mecanismo legal de rendición de cuentas, que han activado regidores de oposición y colectivos ciudadanos para reunir 25.000 firmas y exigir, por ley, que el alcalde de Lima responda a 108 preguntas respecto de la ejecución presupuestal y el uso de los recursos municipales.

La reacción del burgomaestre, sin embargo, ha dejado mucho que desear, y en lugar de desvirtuar a sus detractores brindando precisamente las respuestas que se le imputa de querer ocultar, ha optado sencillamente por restar importancia a la interpelación, alegando que “las cosas están tan claras que estamos multiplicando las obras” y que “lo que hay más es transparencia durante mi gestión, esta es la característica de que hagamos tantas obras”, para luego calificar como simples “anécdotas” las críticas a algunas de sus decisiones. 

Respuestas que demuestran un mal entendimiento del concepto de transparencia y de los deberes que le son exigibles como cabeza del municipio. Pues la diferencia entre “hacer obras” y “hacer obras eficientemente” no es insustancial si se tiene en cuenta que el manejo inadecuado de fondos públicos es un costo que asumen todos los ciudadanos que contribuyen a su financiamiento. Es, más bien, una mala anécdota que miles de personas se tengan que reunir para pedirle a su alcalde algo que este debiera hacer sin que una ley lo fuerce.