Editorial El Comercio

Esta semana, se celebró la sexagésima edición de , la reunión anual de empresarios y líderes de opinión en la que se discuten los desafíos y oportunidades que enfrenta el país y que, en esta oportunidad, tuvo como lema “El Perú en emergencia, los peruanos en acción”.

Como todos los años, se esperaba que el presidente de la República participase del último día del evento, en una conferencia junto al presidente de IPAE, la institución organizadora, algo que ha ocurrido casi con todos los jefes del Estado desde el regreso de la democracia a inicios de siglo. Sin embargo, en esta oportunidad no asistió al encuentro. Según Alejandro Salas, ministro de Trabajo y vocero del Gobierno, el mandatario “más importante atender los campos sociales que ir a CADE”.

Resulta sintomático que el mandatario haya decidido desaprovechar una oportunidad importante para mejorar, aunque sea en algo, su pésima relación con el sector privado. Y que la actitud de esta administración, como delata la declaración de Salas, sea tratar este acontecimiento como una frivolidad ajena a los intereses del país. Esto último, por cierto, implica una mirada miope. Y es que, más allá de los sentimientos que el Ejecutivo pueda tener hacia los empresarios en general, lo cierto es que esta reunión incluye a buena parte del motor productivo del país y era una oportunidad propicia para tratar de generar confianza para la inversión privada, un punto en el que Castillo y su administración vienen fallando constantemente.

Además, CADE Ejecutivos de este año tuvo como tema principal el intercambio de perspectivas en torno de la crisis política por la que atraviesa el país. En más de una oportunidad, por ejemplo, las presentaciones y discusiones pusieron la lupa sobre el deterioro de nuestra institucionalidad, un problema viejo pero que, en el último año, se ha hecho todavía más grave, atizado por las acciones del Ejecutivo contra algunas entidades autónomas, como el Ministerio Público. Al mismo tiempo, se hizo evidente que los empresarios sienten que existen pocos espacios de diálogo con el Gobierno para consensuar y encontrar salidas a este entrampamiento.

Quizá la muestra más clara de la preocupación de los ejecutivos frente a este problema haya sido la gran acogida que tuvo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y la defensora del Pueblo, Eliana Revollar. En esta, se resaltó la importancia de defender la institucionalidad y los desafíos de la lucha contra la corrupción, sobre todo en el poder.

Pero lo más importante de CADE Ejecutivos de este año quizá debería ser la reflexión sobre el papel de los empresarios frente a los problemas políticos del país. Se discutió, por ejemplo, la necesidad de que se denuncie desde este sector a quienes fomenten o permiten actos de corrupción, y también la importancia de la participación política. , presidente del Banco Central de Reserva, por ejemplo, fue bastante claro en su presentación: “Sin participación política, no hay solución”. Y ese debería de ser uno de los mensajes que más cale en los empresarios, pues no son pocos los peruanos que piensan que sus intereses están divorciados de los del resto del país.

Viene siendo tiempo ya de que el sector privado entienda que también juega una labor importante en el derrotero del Perú. Que allí donde los ciudadanos ven un Ejecutivo opaco y proclive a trabajar en las sombras, ellos den el ejemplo sobre la importancia de rendir cuentas. Que cuando parezca que desde el Gobierno no solo se convive sino se fomenta la corrupción, ellos denuncien estos vicios cuando los vean en sus colegas. Que su preocupación por la institucionalidad, en fin, sea permanente y no solo un eslogan para la foto que no sobreviva más allá de CADE.

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