Editorial: Media enmienda

Desde el escándalo desatado por el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz “Mitad monjes, mitad soldados”, y las revelaciones que siguieron, el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) ha estado en el ojo de la tormenta. La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada por el mismo SVC para investigar las denuncias por los abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos al interior de la organización, fue un paso en la dirección correcta, y su informe final sirve para evidenciar la gravedad de los delitos, su extensión y su encubrimiento. Este paso, sin embargo, está brillando por lo insuficiente.

Las evidencias acumuladas en los últimos meses apuntan a que no se trató de una sola ‘manzana podrida’, como algunos señalaron al inicio de los destapes, sino que los delitos cometidos tuvieron una serie de victimarios (incluyendo a los números uno y dos de la jerarquía del SVC) y un lugar enormemente propicio en el ambiente de sumisión y culto a los líderes que fomentaba la organización. Pese a esto, y pese a la aceptación de las conclusiones de la Comisión, la voluntad de enmienda que ha  demostrado el SVC hasta el momento es limitada.

El testimonio difundido a inicios de semana de Álvaro Urbina, hoy de 34 años, se suma a los de varios otros jóvenes que señalan a la cúpula del SVC y a su estructura como responsables de los abusos. Ese es el sentido, precisamente, de la denuncia penal presentada esta semana por cinco ex miembros de esta organización religiosa en contra de Luis Figari, fundador del SVC, y otros miembros de la cúpula, por el delito de asociación ilícita para delinquir, secuestro y lesiones graves.

En adición a lo que han denunciado estos cinco ex miembros, el SVC aún tiene pendiente brindar una explicación satisfactoria sobre muchas de las acusaciones pasadas que no merecieron su atención. Y no solo el SVC: las denuncias que levantaron diversos jóvenes respecto a los abusos cometidos parecen haberse procesado tarde, mal y nunca en las instancias eclesiales pertinentes. Cuando la afectación psicológica impidió que las víctimas aceptaran lo sucedido dentro del tiempo suficiente para presentar acciones legales, las vías eclesiásticas para hacer justicia aparecieron obstruidas. 

Supuestas descoordinaciones, extravíos y trámites institucionales entre el Tribunal Eclesiástico, la Santa Sede y la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica –revelados en las últimas semanas– no pueden excusar los cinco años de silencio desde la primera denuncia formal presentada en contra de Luis Figari –y los muchos años más pasados desde las primeras denuncias de abusos cometidos en la agrupación–. Las justificaciones ofrecidas para explicar semejante trato son hasta ahora exiguas.

Han pasado ya, además, varios meses desde que “Mitad monjes, mitad soldados” fue publicado, y desde entonces la exposición de nuevos casos de abusos se ha dado casi exclusivamente a partir de la iniciativa de nuevas víctimas que decidieron romper su silencio, no desde el mismo SVC, donde más bien solo se han reconocido debidamente los hechos cuando la suma de testimonios públicos se hizo abrumadora. Esto dice mal de la sinceridad de la agrupación en su voluntad de enmienda. Si el SVC estuviese verdaderamente decidido a subsanar y reparar –en la medida en que puedan ser reparables los atropellos a los que ha dado lugar–, tendría que haber sido el primero en exponer y denunciar a los victimarios. La oportunidad del SVC para redimirse más allá de sus líderes ha venido siendo dilapidada en una falta de proactividad que a su vez levanta la sospecha del encubrimiento sostenido.

Finalmente, las medidas internas adoptadas a raíz de un reconocimiento de las conclusiones de la Comisión han sido insuficientes. “El Sodalicio ha tomado la decisión de cerrar la casa de Roma donde ha estado viviendo Luis Fernando Figari y trasladarlo a un lugar más aislado”, señaló en un reciente comunicado Alessandro Moroni, superior general del SVC. Como si intensificar el aislamiento en Italia fuera suficiente en lugar de facilitar la labor de la justicia ordinaria en el Perú para su adecuado procesamiento. 

El pedido de perdón a las víctimas de parte del SVC solo podrá ser considerado serio en la medida en que la institución (y la iglesia a la que pertenece) enfrente y asuma abierta e inequívocamente todas las consecuencias legales y morales del perverso accionar que cundió durante décadas en su seno. Solo entonces podrá saberse si el SVC tiene alguna posibilidad de reconstitución o si más bien le corresponde terminar donde  terminarían los leños de un árbol que produjo demasiadas manzanas podridas por demasiado tiempo.