Escuelas habilitadas deben asegurar condiciones de bioseguridad y la conformidad de la comunidad educativa para ser consideradas aptas. (Foto: Minedu)
Escuelas habilitadas deben asegurar condiciones de bioseguridad y la conformidad de la comunidad educativa para ser consideradas aptas. (Foto: Minedu)
Editorial El Comercio

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Sin duda, la peor parte de este duro año la han llevado los adultos mayores. No solo por el mayor riesgo y números de fallecimientos a consecuencia del en su grupo etario, sino también por el golpe psicológico que ha supuesto para muchos este tiempo de aislamiento y soledad. Entre los adultos más jóvenes, la pérdida de trabajo e ingresos ha sido uno de los efectos más generalizados y comentados. Pero mucho menos atención se le ha prestado al otro gran grupo de ciudadanos que, pese a tener un riesgo reducido de desarrollar complicaciones de salud, también ha enfrentado un año muy difícil. De los 32 millones de peruanos, 8 millones son escolares que no han podido retomar sus clases presenciales.

Por eso es una buena noticia que esta semana el titular del , , haya anunciado que 17.778 escuelas –aproximadamente una de cada siete– estarían habilitadas para reanudar clases a partir del 19 de abril con “algún grado de presencialidad”. La gran mayoría de estas son centros escolares rurales y públicos. El regreso a las aulas es, por supuesto, beneficioso para los alumnos, pero también para los padres que durante el último año han tenido que trabajar o realizar sus actividades regulares con hijos menores dentro del hogar.

A pesar de que aún falta definir los detalles, la apertura de escuelas en zonas del país con grandes déficits de infraestructura y altos índices de vulnerabilidad económica es sumamente importante. En estos meses, las brechas educativas muy posiblemente se ampliaron. Mientras los alumnos de áreas urbanas con buena conexión digital podían seguir cursos interactivos de forma virtual, muchos en áreas rurales y en situación de desventaja tuvieron que acceder a clases masivas por cualquier otra plataforma pasiva, como televisión o radio. Las consecuencias sobre el aprendizaje todavía no están del todo claras, pero es previsible que las diferencias que ya existían se hayan acentuado.

Lamentablemente, el ministro Cuenca también anunció que no será posible avanzar con la inmunización de los docentes y demás personal educativo por la carencia de vacunas. Sobre la falta de claridad respecto de los arribos de nuevas dosis nos hemos pronunciado antes en estas páginas y, si bien la inmunización es la solución óptima, de acuerdo con el existen alternativas complementarias para una reapertura segura de colegios. Entre estas se encuentran –además de priorizar las escuelas rurales– reducir las horas de enseñanza presencial, escalonar los horarios de llegada y salida, aumentar el espacio entre pupitres, evitar áreas comunes, entre otros. Los beneficios académicos y socioemocionales para los niños y niñas de regresar a la escuela son claros, pero al mismo tiempo se deben seguir tomando todas las medidas de precaución necesarias para prevenir contagios, más aún en este momento de la pandemia.

Este es un primer paso hacia adelante de los muchos que quedan pendientes. El proceso de reapertura de escuelas urbanas –donde estudia la mayoría de los alumnos– podría tomar bastante más tiempo y ser condicional a la disponibilidad de vacunas para docentes. Ello no hace sino resaltar, nuevamente, la importancia que tiene apretar el paso en la disponibilidad y aplicación de vacunas, sobre todo para el personal prioritario. La falta del envío de durante marzo ha retrasado un mes el calendario, y recuperar el tiempo perdido es urgente. A pesar de las diferencias, todas las generaciones tienen muchísimo que perder.