Edmer Trujillo se desempeña como ministro de Transportes y Comunicaciones por segunda vez en la gestión de Martín Vizcarra. (Foto: Hugo Pérez / GEC).
Edmer Trujillo se desempeña como ministro de Transportes y Comunicaciones por segunda vez en la gestión de Martín Vizcarra. (Foto: Hugo Pérez / GEC).
Editorial El Comercio

Un día antes de que terminara la gestión del ahora presidente en el Gobierno Regional de Moquegua (GRM), el entonces gerente general de la institución, –hoy ministro de Transportes–, del hospital de la región. Dicho desembolso se tramitó de manera célere y se aprobó a través de 133 comprobantes de pago girados el mismo día. La operación, además, contó con el visto bueno de la empresa contratada para supervisar la obra –Asesores Técnicos Asociados (ATA)–, cuyo dueño es José Manuel Hernández, quien se desempeñó como ministro de Agricultura durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski y quien es amigo del hoy mandatario.

Todo lo anterior llamó la atención, entre otros, del fiscal coordinador de Moquegua, Emilio Salas, y del gerente de Control de Megaproyectos de la contraloría, Luis Alonso Robas. Este último justamente realizó un informe sobre la obra que sirvió como base para que el pasado 9 de octubre la procuraduría de la contraloría presentara una denuncia contra 14 exfuncionarios del GRM por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. En la lista de investigados, vale mencionar, no aparece el señor Trujillo. Pero esto, más que significar una absolución para él, merece en realidad un llamado de atención a la contraloría, pues, como ha señalado el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, la responsabilidad del titular del MTC en el desaguisado no puede soslayarse.

Es cierto que la denuncia no es nueva. De hecho, ya hubo otras dos investigaciones dirigidas por dos fiscales distintos sobre el mismo tema, que fueron archivadas entre el 2017 y el 2018, y que en su momento concitaron la atención de algunos medios de prensa. Antes, sin embargo, no existía el informe de la contraloría que conocemos ahora y que, en palabras de Montoya, “es un peritaje específico y muy técnico”.

Todo esto lo recordó el propio presidente Vizcarra ayer cuando, consultado por un grupo de reporteros sobre la denuncia, contestó: “ [...]. Si se cree necesario investigarlo por una tercera oportunidad, no tenemos ningún problema, porque nosotros somos totalmente abiertos para que se realice”. El tema, sin embargo, no es tan simple como el jefe del Estado quiere hacernos creer.

En realidad, la invocación del mandatario de que se allana a cualquier pesquisa no sirve para despejar absolutamente ninguna duda, pues esta misma afirmación la suelen repetir todos los funcionarios públicos cuando se ven amenazados por alguna indagación. Lo saludable, en cambio, sería que el presidente nos aclare cuál fue su participación y cuánto conocía de las operaciones que se dieron en las postrimerías de su gestión en Moquegua en torno al hospital regional, y sobre el que la contraloría ha advertido varias irregularidades.

Interrogado por este Diario, el ministro Trujillo ha afirmado que, si bien “la decisión de llevar adelante el proyecto” fue de Vizcarra, este “no conocía de los trámites que realizamos para ejecutar los recursos que disponía el gobierno regional en favor de este proyecto”. “Los detalles administrativos son responsabilidad del gerente general regional, en ese momento, que estaba a mi cargo”, recalcó, en un intento por dejar fuera de la ecuación al mandatario.

La verdad, sin embargo, es que esto resulta un tanto difícil de digerir. ¿Nunca supo el señor Vizcarra que su gestión aprobó un desembolso de más de S/40 millones, en un proyecto tan importante para la región moqueguana, a tan solo horas de abandonar el cargo? Si la respuesta fuese negativa, ¿qué nos dice del señor Vizcarra como gobernador regional el hecho de que sus funcionarios hayan autorizado un pago millonario sin que él se haya percatado de nada? Si la construcción del hospital ha estado bajo sospecha desde hace ya varios años, como lo demuestran las dos investigaciones fiscales archivadas antes de conocer el informe de la contraloría, ¿el ‘estamos totalmente abiertos a la investigación’ es todo lo que puede darnos por respuesta el mandatario?

Sin un Legislativo que pueda ejercer un control político efectivo, urge que el presidente, por su propia cuenta, explique cuánto sabía del asunto y que no se refugie en evasivas que solo siembran más dudas.