Editorial: La moneda transparente
Editorial: La moneda transparente
Redacción EC

Las irregularidades detectadas por la con relación a los aportes recibidos por el Partido Nacionalista en la campaña electoral del 2011 vuelven a encender el debate con respecto a la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos en el país. Los 11 millones de soles que habría recibido en efectivo de diversos personajes, incluidos varios congresistas oficialistas -a pesar de que la ley contempla claramente que estos deben realizarse dentro del sistema financiero- evidenciaría, una vez más, que el cumplimiento de las reglas electorales en nuestro país dista aún de ser adecuado.

Y decimos una vez más porque este desinterés ya había sido materia de discusión y alerta durante las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre del año pasado. Recordemos que, de las 413 agrupaciones políticas que participaron en la contienda, tan solo un tercio reportó ingresos y gastos de sus campañas, a pesar de ser esa una exigencia presente en la norma. Y que, además, en los casos de las agrupaciones que sí presentaron sus estados de cuenta, una gran parte de ellos no estuvo debidamente sustentado. La falta de transparencia en los ingresos y gastos de campaña no son la excepción, sino la regla. Esta información sirve además para fiscalizar con mayor cuidado la actuación de las autoridades elegidas con referencia a decisiones que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre sus financistas iniciales.

En tal sentido, a pesar de que la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, ha manifestado que el partido de gobierno se allanará a cualquier investigación que deba hacerse, preocupa que esta termine cayendo nuevamente en saco roto.  Y es que si bien en el se establece que los aportes superiores a una UIT (S/. 3,850)  deben efectuarse a través del sistema bancario, actualmente no existe sanción alguna en los casos de incumplimiento a esta normatividad, pues la no la señala expresamente. Lo mismo sucede con otras múltiples disposiciones de la normativa electoral que establecen importantes obligaciones para la salud del sistema electoral: no establecen sanciones por incumplimiento. Una legislación sin dientes tiene siempre pocas posibilidades de éxito.

Por supuesto, el no es el único en colada. Como afirmó la premier, con este tema más de una agrupación política sale salpicada. Y si bien es ahora cuando el oficialismo tiene la oportunidad para tomar al toro por las astas e impulsar una reforma a todas luces urgente, la verdad es que no depende solo del partido de gobierno. El Congreso es el actor principal para impulsar las modificaciones pendientes –parte de las cuales han sido ya sugeridas y parcialmente desarrolladas por el y la ONPE–. No obstante, estas siguen durmiendo el sueño de los justos en los folios del Parlamento. La agitada coyuntura y la actual atención pública deben servir entonces como catalizador para promover el debate entorno a los principales mecanismos para, de una vez por todas, asegurar que haya un efectivo rendimiento de cuentas y sanciones severas para los partidos incumplidores.

Un punto relacionado que debe ser ampliamente debatido en la reforma es la del financiamiento público de los partidos políticos en proporción a su participación en el Congreso. Bien utilizado, este mecanismo podría servir para fortalecer e institucionalizar los precarios partidos que actualmente tenemos. Como ha mencionado este Diario anteriormente, existe ya una ley, promulgada hace 12 años, que otorga parte del presupuesto público a los partidos políticos vigentes, pero el no ha desembolsado los fondos.

Los partidos, cuando funcionan como tales, son los canales por los que se expresan las necesidades, los intereses, las preocupaciones y los anhelos de los ciudadanos, dándoles una voz organizada en el espacio público y una presencia real en las instituciones en las que, al final del día, se resuelve sobre los derechos y obligaciones de todos. En la medida en que los partidos ganen mayor legitimidad a través de reformas en pro de la transparencia y la rendición de cuentas de cara a las próximas elecciones del 2016, la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático –y su propia sostenibilidad– saldrán fortalecidas.