Editorial: La mordaza contumaz

A diferencia de algunos delitos, las malas ideas no prescriben. Pese a haber sido debatidas y descartadas, muchas veces vuelven con ligeras variantes y bajo la presunción de ser la inspirada solución a un problema, que a lo mejor no lo es tanto.

Algo de eso hubo en la abortada propuesta del legislador aprista Javier Velásquez Quesquén para sancionar con pena de cárcel, de cuatro a ocho años, la difusión de audios  que hubieran sido obtenidos de forma ilegal, y que en esencia repetía iniciativas sobre este asunto que ya habían sido rechazadas. La más recordada, la que planteó –sin éxito– el congresista Javier Bedoya tras la difusión de los denominados ‘potoaudios’ de Lourdes Flores. 

La propuesta del congresista Velásquez Quesquén, cabe señalar, fue criticada por varios de sus colegas y hasta por su compañero de partido Mauricio Mulder, quien estimó que el agraviado siempre dirá que la grabación en cuestión no tiene contenido ilícito y tratará de denunciar al medio. “Me parece que es un error y debería retirarla”, sentenció. Y finalmente fue precisamente eso lo que terminó ocurriendo, pues el propio autor del proyecto señaló: “Si hay una parte del articulado que roce [la libertad de expresión], preferimos dejarlo ahí”. 

El recuerdo de lo sucedido con la iniciativa del congresista Javier Bedoya –que tras haber sido observada por el Ejecutivo fue dejada de lado en el Legislativo– nos muestra, sin embargo, que el abandono de esta nueva versión de lo mismo no garantiza que la idea no vaya a ser objeto de una reencarnación en el futuro. Por lo que es pertinente exponer aquí los argumentos que recomiendan desecharla ahora y siempre.

Pretender sancionar a los responsables de este tipo de difusiones (habitualmente realizadas a través de los medios) es peligroso, entre otras cosas, porque ciertos audios, aun cuando no contienen conversaciones sobre hechos específicamente punibles, aportan indicios útiles a las autoridades para iniciar una investigación que eventualmente termina por revelar eventos de esa naturaleza. Y de hecho, si bien la difusión puede amenazar la privacidad de los involucrados, al final si los audios sirven para orientar sospechas sobre algún acto delictivo o dan pie a investigaciones más profundas que permitan descubrirlos, ciertamente su beneficio termina siendo mucho mayor que su costo para la democracia y el Estado de derecho. 

Cabe recordar, por cierto, que la interceptación ilegal y la difusión de los contenidos así obtenidos son dos acciones totalmente distintas. A quienes se debe sancionar es a aquellos que violentando la ley se inmiscuyen en la vida privada de las personas para obtener información subrepticiamente. Hacerla de conocimiento público cuando se trata de hechos cuestionables o sospechosos de un delito es, en cambio, un derecho amparado por la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución, y así debe permanecer. 

Habría que recordar, por ejemplo, la difusión de los ‘petroaudios’, que posibilitaron iniciar toda una investigación en torno a una supuesta adjudicación irregular de lotes petroleros durante el segundo gobierno de Alan García. La obtención ilícita de esas comunicaciones por la empresa Business Track mereció que los responsables fueran condenados en su momento por las autoridades judiciales. Pero eso no impidió que los audios sirvieran de punto inicial para realizar otro juicio en el que se involucró al ex ministro Rómulo León (una de las víctimas de la interceptación) y a los demás implicados en el caso.

Como decía el escritor británico George Orwell: “La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”. Difundir lo que en ciertos casos algunos no quieren que se difunda. Y si bien ella acarrea a veces algunas incomodidades, sus beneficios las superan con largueza.

El papel de la prensa, ya se sabe, es decir lo que nadie dice, informar y darle al ciudadano la mayor cantidad de herramientas, dentro de la legalidad, para que pueda ejercer a plenitud sus derechos y su propia libertad. Por eso, impedir a los medios cumplir con esta fundamental tarea no es solo un ataque contra ellos, sino también contra los referidos derechos ciudadanos. 

Intereses para ejercer ese bloqueo nunca faltarán en el ámbito del poder. Pero librar una y otra vez la batalla contra esa mordaza contumaz es responsabilidad de quienes tienen claras las prioridades dentro de la democracia.