Editorial: Morir en las urnas

La semana pasada, el Poder Judicial reprogramó para el próximo 19 de noviembre la audiencia en la que se evaluará el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que se incorpore a Fuerza Popular (FP) en la investigación que se le viene siguiendo a su lideresa, Keiko Fujimori, y a otros altos mandos de la agrupación por el financiamiento de las campañas del 2011 y el 2016. En dicha sesión, además, se debe resolver la solicitud fiscal para que la agrupación sea suspendida por tres años mientras continúan las indagaciones.

Hace unas semanas, también, otro fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche, se pronunció sobre otra organización política. Durante una audiencia de control de acusación, el fiscal Juárez –que investiga los aportes para las candidaturas de Ollanta Humala en el 2006 y el 2011– reiteró ante el juez Richard Concepción el pedido que había realizado en mayo para que el Partido Nacionalista (PN) sea disuelto en caso de que se condene a sus cabezas.

Como se recuerda, los líderes de ambas agrupaciones vienen siendo investigados por presuntamente haber financiado sus aventuras electorales con dinero proveniente de actividades ilícitas. En ambos casos, la tesis fiscal es que los partidos que fundaron y dirigieron fueron instrumentalizados para lavar activos a través de aportes fraudulentos. Y en ambos casos, además, existen evidencias que comprometen a los dos políticos y que van desde ‘aportantes’ que niegan haber entregado dinero hasta confesiones de distintos colaboradores (como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata).

Como hemos mencionado antes, la culpabilidad (o inocencia) de la señora Fujimori y del expresidente Humala es algo que debe dilucidarse a través de un juicio. Y, de igual manera, la de sus colaboradores más cercanos que pudieron haberlos ayudado a cometer los ilícitos que la fiscalía les imputa. Pero demandar que la responsabilidad de los líderes conlleve a la parálisis del partido entero implica algo mayúsculo.

No estamos sugiriendo aquí que los fiscales estén actuando fuera del marco de la ley, pues esta ciertamente consiente la posibilidad de que una persona jurídica pueda disolverse como sanción por haber favorecido o encubierto una actividad ilícita. De lo que se trata es de distinguir entre, por un lado, las penas a un grupo de individuos que pudieron haberse valido de una organización para perpetrar ilícitos y, por el otro, de extender el castigo a toda una organización que cuenta con estructuras legales a la que se pudieron haber adherido miles de personas en su momento porque sentían que representaban sus convicciones o porque creyeron en su propuesta electoral (máxime cuando el Código Penal coloca una valla alta para la disolución de una organización al demandar que resulte evidente que esta se constituyó o se torció en un momento determinado de su vida hacia la concreción de un delito). Después de todo, hablamos de agrupaciones que llegaron dos veces a la segunda vuelta aupadas con millones de votos, y que cuentan con miles de militantes en el país. En lo que respecta a FP, además, sorprende que se hable de suspenderla cuando ni siquiera hay una acusación contra alguno de sus exdirigentes y estando a puertas de un proceso electoral en el que han anunciado que participarán.

Por lo demás, sombras similares han empañado otras candidaturas en la región financiadas por Odebrecht, como la de Lula da Silva en Brasil o las de Juan Manuel Santos y Óscar Zuluaga en Colombia, sin que ello haya acarreado la liquidación de todo el andamiaje partidario que los encumbró.

Lo ideal es que un partido desaparezca porque ha dejado de tener sentido para la ciudadanía y porque su propuesta ha sido descalificada en las urnas. De hecho, la opinión pública ya ha mostrado antes su rechazo a ambas agrupaciones: el PN tuvo que retirarse del proceso electoral del 2016 ante el temor de no pasar la valla electoral (su candidato apenas arañaba el 2% de las preferencias a dos meses de la primera vuelta) y FP –que contaba con un 35% de aprobación en el 2016– recibe hoy solo el 8% de apoyo en los sondeos para las parlamentarias de enero.

El castigo a los partidos por las inconductas de sus líderes, en fin, debería llegar como le llegó hace poco a uno que gozó en sus épocas doradas de un nutrido respaldo y que terminó desplomándose por culpa de su fundador: Perú Posible. Esto es, que sean los electores quienes dictaminen la interrupción de sus actividades dejándolas morir en las urnas.