"Después de la volatilidad política vivida desde el 2016 y del desastre humanitario y económico del 2020, los ciudadanos merecemos un período de gobernabilidad, consensos y predictibilidad para reconstruir". (Foto: Eduardo Barreda / @photo.gec)
"Después de la volatilidad política vivida desde el 2016 y del desastre humanitario y económico del 2020, los ciudadanos merecemos un período de gobernabilidad, consensos y predictibilidad para reconstruir". (Foto: Eduardo Barreda / @photo.gec)
Editorial El Comercio

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Durante el 2020, el Perú no solo ocupó una de las peores posiciones del mundo en los indicadores de fallecimientos por COVID-19 ajustados por población, sino también registró una de las más drásticas contracciones de la actividad económica. Negocios cerrados, desempleo creciente y ahorros familiares consumidos eran el panorama que enfrentaba entonces el país. Poco a poco, sin embargo, la economía empezó a recuperarse y, hacia el primer trimestre de este año, el ritmo al que ganaba terreno excedía las expectativas. Y luego llegó la incertidumbre desde el frente político.

De acuerdo con el, los indicadores económicos adelantados sugieren que la producción nacional habría crecido, en mayo, 42,8% en relación con mayo del 2020. Si se compara con mayo del 2019, la actividad económica habría caído 2,53%. El resultado es ligeramente peor que el de abril, cuando la economía se contrajo 1,9% frente al mismo período prepandemia, y apunta a un deterioro progresivo. La pérdida de velocidad es preocupante.

Según fuentes consultadas por este Diario, el clima político se lleva la mayor cuota de responsabilidad. La demora en la proclamación del candidato ganador de la contienda electoral para presidente y, en caso fuese , la falta de claridad sobre el tipo de políticas que implementará habrían dañado las expectativas de inversión en las semanas anteriores, un proceso que bien podría continuar.

Como mencionamos ayer en estas páginas, el discurso más moderado de Pedro Francke, quien es parte del equipo técnico de Pedro Castillo y principal aspirante a liderar el Ministerio de Economía y Finanzas, ha contribuido a imprimir algo de calma. Pero ello está lejos de ser suficiente para dar una idea clara, y sobre todo creíble, del tipo de gobierno que llevaría a cabo Castillo. Además, el temor de que el Congreso entrante pueda ser aún más irresponsable y populista que el actual –erosionando poco a poco las bases del sistema económico– explica que más de un inversionista esté pensando dos veces antes de arriesgar más capital en el país.

En la medida en que Perú Libre siga impulsando firmemente ideas como la expansión de la actividad empresarial del Estado o la limitación de las importaciones, la zozobra persistirá, máxime cuando sus representantes parlamentarios y equipos técnicos las promueven regularmente. La figura del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la eventual influencia que pueda tener sobre los asuntos de gobierno, es también causa de amplia preocupación. No obstante, no es solo el partido. Entre las principales fuentes de inquietud está una que, de hecho, el propio Castillo se encarga personalmente de poner sobre la mesa; el llamado por vías legales poco claras a una asamblea constituyente es, con toda probabilidad, lo que hace más difícil prever el rumbo del país en los siguientes años.

El Perú tiene buenas probabilidades de consolidar su recuperación económica. De acuerdo con el BCR, este año el PBI del país podría crecer incluso más de 10% y lograr un nivel de producción similar al del 2019 durante la primera mitad el 2022. Pero nada de eso será factible si en el frente político no se ofrecen garantías mínimas de estabilidad. Después de la volatilidad política vivida desde el 2016 y del desastre humanitario y económico del 2020, los ciudadanos merecemos un período de gobernabilidad, consensos y predictibilidad para reconstruir. No es mucho pedir.