"En el actual contexto, por lo demás, ni la excusa del tiempo transcurrido ni de la oposición política a su gestión funciona".
"En el actual contexto, por lo demás, ni la excusa del tiempo transcurrido ni de la oposición política a su gestión funciona".
/ MARIO ZAPATA
Editorial El Comercio

Aunque tenga la intención de acelerar el crecimiento y multiplicar la producción, el Estado no tiene el control total sobre todos los aspectos de la economía. A nivel externo, el Perú es un país relativamente pequeño con poco o nulo influjo sobre los precios internacionales y los ciclos globales. A nivel local, la inversión privada, el consumo de las familias, la cantidad de trabajo y la calidad de la innovación en las empresas, solo por mencionar algunas variables, se ven influenciadas por decisiones del sector público, pero a fin de cuentas no dependen directamente de este. Así, aparte de las regulaciones y las normas, la manera más inmediata en la que el Gobierno puede afectar el gasto en la economía es a través de la inversión pública.

No obstante, a pesar de la importancia de esta variable, resulta incomprensible el pobre desempeño que ha tenido durante el 2019. Al 24 de diciembre, con el año casi cerrado, la ejecución del presupuesto de inversión pública había alcanzado apenas el 58,6%. Los gobiernos subnacionales –locales y regionales– tenían en promedio una ejecución de poco menos de 55%, mientras que el gobierno nacional llegaba a 65%. Aunque la cifra de avance de los municipios y las regiones es menor a la de los ministerios y los órganos de alcance nacional, es relevante tomar en cuenta que este es el primer año de gestión de los alcaldes y los gobernadores regionales elegidos en el 2018. En esta línea, si la ejecución de los subnacionales se compara con otros primeros años de nuevas autoridades –2011 y 2015, por ejemplo–, el 2019, de hecho, no fue un mal año para alcaldes y gobernadore

Esa excusa, sin embargo, no aplica para la administración del presidente Vizcarra. Con 21 meses en el cargo, la gestión del Ejecutivo ha tenido tiempo más que suficiente para asentarse, delinear prioridades, y poner manos a la obra. Pero los resultados hacen patente que, en el proceso, algo se perdió. El 2019 ha tenido el porcentaje de ejecución de la inversión pública adscrita al gobierno nacional más bajo de la última década. En los últimos diez años el promedio del presupuesto ejecutado por el gobierno nacional había sido de aproximadamente 78%; este año fue de 13 puntos porcentuales menos.

Entre los ministerios con un presupuesto significativo para inversión, los de Agricultura y Vivienda, Construcción y Saneamiento están considerablemente por debajo del promedio de ejecución del Ejecutivo. Pero el ministerio que más llama la atención por el poco avance en sus obras es también uno de los más emblemáticos: el de Salud. Con el año casi por culminar, dicha entidad ha ejecutado apenas el 42% de los S/738,7 millones que tenía de presupuesto para inversión en el 2019. En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, por ejemplo, de los casi S/14 millones por invertir, se emplearon menos de S/4 millones.

Esto último refleja un punto central: la inversión pública no es importante únicamente porque puede dinamizar la economía, sino, sobre todo, porque está destinada a cerrar brechas urgentes. El Perú es un país en el que la mitad de las escuelas no cuenta con los tres servicios básicos –agua, desagüe, electricidad–, en el que el viaje por carretera puede durar varias horas a pesar de conectar poblados cercanos, y en el que millones de hogares reciben agua unas cuantas horas al día. El Gobierno tiene la responsabilidad de atender estas y otras demandas ciudadanas de manera eficiente y oportuna, pero se muestra incapaz de lograrlo cuando los indicadores de ejecución son pobres. Y eso sin decir nada de la calidad del gasto…

En el actual contexto, por lo demás, ni la excusa del tiempo transcurrido ni de la oposición política a su gestión funciona. En ausencia del Congreso, el Gobierno ha tenido carta libre para avanzar sin mayor fiscalización –incluso excediéndose a través de decretos de urgencia en ciertos asuntos a lo que hemos hecho alusión en estas páginas–. No lo ha logrado y por ello debería empezar a rendir cuentas. Después de todo, queda año y medio de gestión, y enmendar el rumbo sin primero reconocer los propios errores suele ser imposible.