Ayer, durante una entrevista en el programa "Punto Final", el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que las Fuerzas Armadas "están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de derecho".  (Foto referencial: PCM).
Ayer, durante una entrevista en el programa "Punto Final", el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que las Fuerzas Armadas "están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de derecho". (Foto referencial: PCM).
Editorial El Comercio

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El domingo por la noche, durante una entrevista televisiva en el programa “Punto final” el presidente del Consejo de Ministros, , cometió un desatino que no puede ser pasado por agua tibia. Al responder a una pregunta sobre “el pensamiento de las Fuerzas Armadas” (FF.AA.) acerca de la situación que vive hoy el país en medio de que pesan sobre el presidente y la posibilidad de que se debata y se vote en su contra en el Congreso, dijo: “[Las FF.AA.] no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de derecho”. No contento con esa definición –imposible de encontrar en el texto constitucional– añadió: “Y no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho, con tanta necesidad que hay en la gente; en este momento, faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar un presidente”.

La verdad, sin embargo, es que la Constitución dice en su artículo 165 que la finalidad primordial de las FF.AA. es “garantizar la independencia, la soberanía y la integridad del territorio de la República”. Y luego, en el artículo 171 agrega que participan, junto con la Policía Nacional, en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil, de acuerdo a ley. Se cuida también nuestra Carta Magna de subrayar que “no son deliberantes” y que “están subordinadas al poder constitucional”.

En ese sentido, lo dicho por el primer ministro es particularmente grave. ¿Se imagina alguien a unas FF.AA. que decidan por sí y ante sí en qué momento no se ha respetado la Constitución y, en consecuencia, decidan intervenir en la vida política del país? ¿Qué quiso decir Martos con aquello de “no se va a permitir que se rompa el Estado de derecho […] faltando cinco meses para las elecciones”? ¿Que si la moción de vacancia prospera en el Parlamento van a tomar cartas en el asunto?

En las FF.AA. simplemente no está la facultad de definir qué procesos en el país merecen o no una intervención de su parte. No están ellas ni para recibir llamadas del presidente del Congreso advirtiéndolas de los escenarios que una eventual vacancia podría producir, ni para juzgar qué iniciativas parlamentarias se ajustan al marco constitucional. Para eso tenemos un Tribunal Constitucional.

Los distintos ciudadanos y medios podemos opinar lo que nos parezca acerca de la nueva moción de vacancia sobre la que debe pronunciarse en los próximos días el Congreso –en este Diario, de hecho, contrarios a ella–; pero eso no quiere decir que discutamos el derecho que tiene el Legislativo de evaluar la pertinencia de poner en vigor un instrumento que la Constitución pone a su disposición. Y, mal que le pese al ministro Martos, las FF.AA. tampoco pueden hacerlo.

Ayer, en horas de la tarde y ante la evidencia de la tormenta que las expresiones que comentamos estaban generando, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) circuló un “ayuda memoria” en torno al episodio en el que se trató de argumentar que el primer ministro no dijo lo que dijo o que sus palabras no tuvieron “nada que ver con el Congreso de la República y la moción de vacancia”. La verdad, sin embargo, es que fue precisamente en ese contexto que tales palabras fueron pronunciadas. Si alguien necesita un “ayuda memoria” acerca del hecho de que las FF.AA. no son deliberantes (y sin ‘peros’ que valgan) no es ni la opinión pública ni la prensa…

En su afán de persuadirnos de que los problemas en los que está enredado el presidente Vizcarra por lo declarado sobre él por media docena de aspirantes a colaboradores eficaces, distintos representantes del Ejecutivo han tratado de darle alas a la teoría de que existe una confabulación para “socavar los cimientos de nuestra democracia”, pero en realidad los únicos que no parecen tener claro cuáles son los límites que esta impone son ellos mismos.