Editorial: Nuevos aires, viejos vientos

La brecha que existe entre las expectativas generadas al inicio del gobierno del ex presidente Kuczynski y la realidad económica que dejó atrás es significativa. Con excepción de la inflación y algunos pocos más, casi todos los indicadores económicos están hoy en peor condición de la que tenían en julio del 2016, a pesar del entorno económico internacional favorable. Lo que es aun más grave, el gobierno anterior careció de la habilidad o voluntad para siquiera dejar encaminadas reformas que puedan dar la vuelta a la situación en el mediano plazo.

Al respecto, una de las deudas más grandes ha sido con el mercado laboral. Más allá del nombramiento de la Comisión de Seguridad Social –que no tuvo mayores resultados– y de una tímida propuesta legislativa atracada desde hace varios meses en el Congreso para que el Estado pague los aportes de Essalud de los trabajadores jóvenes, no hubo intentos serios de reforma. En consecuencia, la situación que hereda hoy el presidente Vizcarra es de un mercado laboral que destruye puestos de trabajo formales en vez de crearlos y sin norte hacia dónde apuntar.

La agenda laboral pendiente para el Perú –lo hemos dicho en varias ocasiones– es amplia. Esta incluye la flexibilización de las condiciones laborales, el control de los sobrecostos, la reducción de la carga regulatoria y de tramitología de la contratación formal, el fomento a la formalidad y a la capacitación en el trabajo, entre otras medidas. Todo ello con el fin último de mejorar la productividad de las empresas y los trabajadores.

En la medida en que los tenues y limitados intentos de reforma de los últimos años –la ‘ley pulpín’ y la Ley de Modalidades Formativas Laborales– fueron resistidos por las fuerzas políticas y la opinión pública (90% de las personas informadas sobre el tema rechazaban este último proyecto de ley, por ejemplo), el rol del Ejecutivo pasa por encontrar los consensos necesarios para cumplir, cuando menos, con aquellas iniciativas en las que casi todos los especialistas en el mercado laboral coinciden. ¿O es que hay alguien que haya mirado con atención el problema y piense que no es necesario, por ejemplo, flexibilizar las condiciones laborales para generar más empleo con contratos a tiempo indefinido?

Preocupan en ese sentido, entonces, algunos actos del pasado del nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Christian Sánchez. El ministro, que ocupó el cargo de intendente nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), ha expresado posiciones opuestas a las reformas que un mercado laboral moderno demanda. En un comunicado del 2014, por ejemplo, el señor Sánchez junto con otros 38 signatarios señalaron que propuestas para bajar los sobrecostos y flexibilizar el mercado eran parte de “una campaña tendenciosa […] cuyo principal objetivo es mantener las tasas de ganancias de un sector de empresas, a costa de la calidad de vida y la precariedad en el empleo de los peruanos”, entre otras afirmaciones de similar tenor.

Esto no quiere decir que no se pueda avanzar en determinados puntos donde hay amplia coincidencia política y social (por ejemplo, en la mejor orientación de la oferta educativa hacia la demanda laboral o en las capacitaciones en el trabajo), pero sí que resulta preocupante que este pueda ser –por lo menos a primera vista– el norte que la nueva administración le quiere imprimir al manejo de las relaciones entre trabajadores y empleadores. El ministro tendrá un tiempo para poner en práctica su visión sobre el mercado laboral y deseamos, junto con él, que alcance los mejores resultados. Serán estos últimos, al fin y al cabo, por los que su administración será juzgada.