Editorial: Oídos amables

Que Edgar Alarcón incurrió en irregularidades cuando se desempeñaba como vicecontralor es un hecho que está fuera de cuestión: ni él mismo discute que se dedicó a actividades lucrativas –la compraventa de autos– mientras ocupaba el referido cargo, contraviniendo una disposición expresa de la ley orgánica que lo rige. Y a ello hay que agregarle el intento que hizo de persuadir al auditor Walter Grados de que retirase la denuncia que había presentado contra él por esa razón y también por la cuantiosa liquidación que recibió una trabajadora de la misma entidad vinculada a él.

Existen otras circunstancias problemáticas relacionadas con el ahora contralor que merecen investigación, pero las ya mencionadas han bastado, por ejemplo, para que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) le solicite abstenerse de participar en ella. En el Congreso, entretanto, como despertando de un sopor que el año pasado determinó que la denuncia que lo comprendía fuese inexplicablemente derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no a la Comisión de Fiscalización o a la Permanente, los representantes de varias bancadas que no pueden ser consideradas gobiernistas han reclamado una reacción inmediata frente a los hechos ahora ventilados y hasta su alejamiento de la función.

No ha sido ese el caso, sin embargo, de los miembros de la bancada de Fuerza Popular consultados al respecto, cuya reacción ha consistido fundamentalmente en señalar lo conveniente que resulta para el gobierno el descrédito del funcionario que presentó un informe negativo sobre el proyecto Chinchero; pero que en lo concerniente a sus actos irregulares, se han debatido entre la desatención y la indulgencia.

“¡Qué raro que justamente después de que se cayó el negociazo de Chinchero salgan a la luz todos estos cuestionamientos! Si tanto afecta a este gobierno el accionar del contralor, entonces que ellos presenten la acusación constitucional”, ha manifestado por un lado el congresista Héctor Becerril. Mientras que, por otro, Luis Galarreta ha apuntado: “Hay una evidencia lamentable de cómo el gobierno mueve un par de programas de TV para meter el tema del contralor nuevamente”.

“Creo que lo que al gobierno no lo ha convencido es el informe Chinchero y que justo ahora empiezan a levantar este tipo de acusaciones porque, al parecer, ellos querían un contralor a su medida”, ha aseverado por su parte la legisladora Cecilia Chacón.

Ningún parlamentario naranja, sin embargo, ha sido tan explícito en su bloqueo de las conductas objetables de Alarcón como el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres. Según él, efectivamente, lo que revela el audio en el que se escucha al referido funcionario tratar de convencer al auditor Grados de que retire su denuncia –con giros tan sugestivos como: “No quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. […] Por la amistad que tenemos te digo, piénsalo”– no supone una coacción. “Depende mucho de con qué oídos uno lo tome”, ha dicho. Y los suyos, al parecer, tienden a una interpretación auténticamente benevolente de lo que, a todas luces, fue un discurso de presión sobre un subordinado para que dejase de cumplir con su deber.

Si, de acuerdo con la lectura de los hechos que proponen estos voceros del fujimorismo, no se puede dejar de considerar a quién beneficia esta súbita mella de la imagen del contralor, lo razonable es ponderar también a quién servía políticamente el nada aséptico talante de la labor que venía realizando y sacar conclusiones al respecto.

La prensa, mal que le pese a quien no está acostumbrado a su libre ejercicio, tiene que recoger y divulgar los hechos relevantes de los que toma conocimiento, aun cuando exista la impresión de que se han vuelto disponibles en sintomática coincidencia con las necesidades de tal o cual sector político. Ignorarlos o tratar de interpretarlos con oídos amables, después de todo, solo conduce al contagio del descrédito que esos hechos entrañan, como están a punto de comprobar los fallidos dispensadores de indulgencias para el contralor.