Editorial: La pareja negligente

Entre las parejas que celebran San Valentín no hay excusa para olvidar la fecha. Todos son conscientes, con absoluta anticipación, de que el 14 de febrero será una ocasión especial y no se puede llegar al mismo día sin algo preparado con suficiente antelación. Los intentos improvisados de tapar un descuido o negligencia suelen saltar a la vista.

Curiosamente, el mismo 14 de febrero de este año era una fecha importantísima en el calendario político nacional, para la que había que prepararse, y que se conocía con abundante tiempo de anticipación. A saber, era la fecha en que se vencía el Decreto de Urgencia 003, vigente desde febrero del 2017 y que intentaba poner orden en el tratamiento de las empresas vinculadas al escándalo Lava Jato, al tiempo que aseguraba el pago de la reparación civil y permitía continuar con la cadena de pagos.

Cual pareja olvidadiza, sin embargo, para el Ejecutivo y el Congreso el 14 de febrero llegó demasiado rápido. Apenas tres días útiles antes de la fecha límite –el D.U. 003 no podía expirar sin tener una norma que lo reemplace–, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió un proyecto de ley al Legislativo para su análisis y aprobación. La premura da la sensación de descuido de parte del MEF, sobre todo en la medida en que la iniciativa legislativa presentada es legal, política y económicamente compleja. Si bien es cierto que la ministra Claudia Cooper, titular del ministerio, había adelantado parte del contenido a miembros del Congreso, la seriedad del asunto requería una evaluación cuidadosa del proyecto de ley final y oficial, no adelantos informales.

Ante el comprensible malestar que esto generó entre algunos parlamentarios, representantes del Ejecutivo no dudaron en recordar que en otras circunstancias –como durante el fenómeno de El Niño costero del año pasado–, el Congreso aprobó normas con mucha celeridad. No obstante, el paralelo dibujado aquí es dudoso: en primer lugar, porque compara una situación imprevista que requería una acción urgente con otra ampliamente previsible. Y, en segundo lugar, porque parece sugerir una lógica del tipo: “Si se puede apurar una vez, se puede apurar dos”.

Pero la carga de la responsabilidad no recae exclusivamente en el Ejecutivo. Después de todo, varias de las modificaciones que requería el D.U. 003 –que no eran pocas en vista de su poca efectividad– debían ser aprobadas por ley, campo en el que el Congreso es, por supuesto, el protagonista. El 14 de febrero también pareció coger a los congresistas desprevenidos.

Esta falta de previsión de ambas partes ha llevado a la extensión por 30 días de un decreto de urgencia que sufre de varias falencias: no facilita la venta supervisada de activos de parte de las empresas involucradas, no promueve la colaboración con la justicia, no asegura el pago de la reparación civil, no incluye a las empresas investigadas, no le da estabilidad a la economía para seguir operando, entre otros problemas. Así, en las siguientes semanas permanecerá la situación de incertidumbre que ha llevado ya a la quiebra a cientos de proveedores y paralizado obras por todo el país. Los efectos de esta extensión forzada son difíciles de cuantificar, pero serán sin duda significativos y pudieron ser evitados.

La responsabilidad inmediata la tiene hoy el Congreso, institución que, sin renunciar a su mandato legislativo ni pecar de apresurada, bien podría debatir la propuesta del Ejecutivo y llegar a un consenso en menos de 30 días. Como en el caso del San Valentín olvidado, la diligencia y vocación de enmienda no desaparecen la negligencia anterior, pero siempre se puede hacer méritos para minimizar el daño ocasionado.