Editorial El Comercio

No son pocos los especialistas internacionales que se sorprenden ante una aparente paradoja de la economía peruana. ¿Cómo es posible –se preguntan– que el Perú haya conseguido altos niveles de sostenido en las últimas décadas a pesar de su endémica inestabilidad política? ¿No debería, más bien, resentirse la capacidad productiva de un país ante una clase política tan débil y desprestigiada? Por lo menos parte de la respuesta a estas preguntas está ligada a que –a pesar de los vaivenes de la política local– los cimientos de la responsabilidad macroeconómica se han mantenido firmes. Tanto es cierto aun en tiempos del gobierno del presidente Pedro Castillo.

Sin embargo, toda fortaleza tiene límites. Y para la agencia calificadora , una de las tres más importantes del mundo, el Perú haría bien en revisar la solidez de los fundamentos que lo llevaron hasta aquí. La entidad informó esta semana que cambiaría la perspectiva del Perú de ‘estable’ a ‘negativa’ debido al “deterioro de la estabilidad política y la efectividad del gobierno”. En su comunicado, Fitch menciona que el debilitamiento del panorama para el crecimiento y la inversión, de sostenerse para los años 2023 y 2024, erosionaría las bases macroeconómicas y fiscales. En otras palabras, la coyuntura política le podría empezar a pasar factura al crecimiento. Rebajas en el grado crediticio revelan una menor confianza de los mercados en la capacidad de repago de la deuda peruana y, por lo tanto, mayores intereses.

Por el momento, deterioros mayores parecen injustificados. De acuerdo con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), el Perú mantiene una posición envidiable. “Hemos sido uno de los países que más ha reducido su déficit. El 2020 fue de 8,9%; este año esperamos que sea de 1,9%. La deuda este año va a ser la más baja de cualquier país de Sudamérica o hasta México. No creo que en el corto plazo haya alguna justificación para bajar la calificación”, mencionó respecto del cambio de perspectiva de Fitch. “Lo que pueda pasar en cuatro o cinco años es otra cosa, pero eso se verá en cuatro o cinco años. Bajar la calificación cuando hay capacidad de pago me parece injusto”, indicó el funcionario.

Pero esta no es, lamentablemente, la primera mala noticia que recibe la deuda peruana desde que asumió el presidente Castillo. Las tres principales agencias de calificación crediticia (Fitch, Moody’s y S&P) han bajado un peldaño la calificación crediticia de los bonos nacionales entre julio pasado y este año. Todas, a su manera, han citado las mismas preocupaciones: tensión entre el Gobierno y el Congreso, falta de reformas estructurales e incertidumbre sobre el panorama de corto y mediano plazo que pueden afectar la expansión del PBI.

El Perú aún mantiene grado de inversión según las calificadoras principales, lo que significa que su deuda todavía es considerada segura, y es prematuro pensar que esta distinción –rara en Latinoamérica– está en riesgo. No obstante, el progresivo deterioro de las condiciones económicas es obvio para cualquier observador. Este año, de acuerdo con recientes proyecciones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Perú crecería 2,7%, mientras que Sudamérica se expandiría 3,6%.

La responsabilidad macroeconómica, decíamos, ha sido una de las causas del crecimiento sostenido del país en los últimos años. Pero la relación también funciona a la inversa: la mayor producción y riqueza nacional han permitido al Perú acumular solidez fiscal y acumular reservas internacionales. ¿Cuánto puede el país seguir soportando la lenta erosión de sus bases de crecimiento? Ninguna fortaleza está garantizada, y uno de sus principales enemigos –cuando no la destrucción activa– puede ser la complacencia. La alarma está sonando para el que quiera oírla.