Editorial: La otra permanente

Rara es la legislatura en la que pasa una semana sin que alguno de los casos que tiene entre manos la Comisión de Ética del Congreso esté en el centro de la noticia. Denuncias de toda laya ponen constantemente en entredicho la corrección del comportamiento de una apreciable porción de la representación nacional, lo que contribuye a acentuar la penosa opinión que, cada vez más, la ciudadanía parece tener del Legislativo y a alimentar la chanza aquella que sostiene que ese grupo de trabajo parlamentario es ‘la otra comisión permanente’.

A pesar de ello, como se sabe, algunos meses atrás, esta fue objeto de una recomposición forzada por la renuncia de su entonces presidente, Juan Carlos Gonzales (quien, a su vez, había sucedido al también renunciante Segundo Tapia), y en consecuencia dejó de funcionar por un momento al ritmo que la situación requería y requiere.

Al convertirse Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) en la titular de la comisión, las materias pendientes comenzaron a ser procesadas a un paso más sostenido y las suspicacias sobre ‘blindajes’ a ciertos legisladores, a despejarse. Así y todo, Ética tiene todavía 17 casos por evaluar –15 en indagación preliminar y 2 en investigación– y la llegada de nuevas denuncias es incesante (una reciente contra Yeni Vilcatoma por haber realizado supuestas “gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante la Municipalidad de Los Olivos” no figura, por ejemplo, en la contabilidad anterior).

Los asuntos pendientes, cabe anotar, están relacionados con congresistas de diversas bancadas y, en algunos casos, versan sobre faltas cuyo alcance es difícil de acotar (‘conductas inadecuadas’, ‘expresiones agraviantes’, etc.). Pero también hay acusaciones de tráfico de influencias, compra de votos, lavado de activos, recorte de sueldos a trabajadores y otros actos que no son ‘peccata minuta’. Y, en un par de ocasiones, más de una está referida a un mismo congresista.

Están en lista de espera asimismo las revisiones de las denuncias a Mauricio Mulder (Apra), Salvador Heresi (Peruanos por el Kambio), Francisco Villavicencio y Héctor Becerril (ambos de Fuerza Popular) por sus intervenciones en los audios que destaparon el trueque de favores y las prácticas delincuenciales en el sistema de justicia del país. Y de más está decir que, en el presente contexto de exigencias cruzadas entre los distintos poderes del Estado para que la lucha contra la corrupción se convierta en la principal de las prioridades oficiales, la necesidad de darles curso a todas ellas se ha tornado perentoria. Por increíble que parezca, sin embargo, la Comisión de Ética no ha empezado aún sus sesiones en la actual legislatura.

La legisladora Janet Sánchez, dicho sea de paso, consciente del problema que aquí describimos, ha sugerido, en más de una reciente entrevista, que, a fin de darle continuidad a la atención de la agenda del grupo de trabajo parlamentario en cuestión, la comisión sesione a partir de ahora semanalmente y no cada 15 días como plantea el reglamento. Una iniciativa que suena razonable y que le daría un sentido bastante más gratificante al ‘alias’ que da título a este editorial.

Nada de esto, empero, significará un cambio de actitud trascendente de parte del Legislativo si el pleno no acompaña el esfuerzo y deja dormir los informes evacuados por la comisión por largas temporadas antes de someterlos al voto, como ha ocurrido en el pasado reciente. Ética que tarda, decíamos hace poco en otro editorial, acaba por no ser ética. Y tal como están las cosas, ningún poder del Estado puede sustraerse a los alcances de esa máxima.