Editorial:Persistir en el error

En los últimos años de la Unión Soviética, cuando las condiciones de vida se habían deteriorado sustancialmente y el colapso del régimen era cuestión de tiempo, los más fanáticos del modelo económico comunista postulaban que la escasez y la pobreza eran consecuencias de haberse apartado progresivamente de la ortodoxia marxista leninista. La solución a los problemas de la URSS, decían, era profundizar aun más el control estatal de la economía –en otras palabras, hacer más de lo que había causado el problema inicialmente–.

Algo no muy distinto sucede hoy en algunos sectores de la izquierda peruana a partir del trágico y profundamente indignante caso del incendio de Las Malvinas que causó la muerte de dos jóvenes. Como se sabe, Jorge Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (21) fallecieron la semana pasada por encontrarse encerrados en un contenedor, trabajando en condiciones de semiesclavitud, cuando se produjo el incendio en la galería Nicolini.

Durante su intervención en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social respecto a este incidente, la congresista Marisa Glave (Frente Amplio) fustigó al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, por supuestamente no cumplir con su labor. “En este país los trabajadores no valen nada, porque en este país no hay un ministro de Trabajo. Porque no hay un ministro que defienda los trabajos de las personas que se ganan la vida”, mencionó la congresista, para luego cuestionar la flexibilización del empleo.

En la misma línea se mostró el legislador y presidente de la mencionada comisión del Congreso, Hernando Cevallos, también del Frente Amplio, quien incluso fue más allá y mencionó que “el tema es que todo esto que ocurre es consecuencia de un modelo de crecimiento [en el que] la fiscalización y el control no sirven”. La congresista Indira Huilca, del mismo grupo parlamentario, aprovechó para reclamar más fiscalización del Estado a empresas, mayores multas y más rigidez laboral.

Lo paradójico de estas respuestas es que reclaman más control estatal como respuesta a un problema parcialmente causado, justamente, por un excesivo control estatal. Las rigideces laborales explican en parte la altísima tasa de informalidad en el Perú y también que la mayor proporción del empleo generado se dé en empresas al margen de la ley, poco productivas, y que no tienen que cumplir con ningún estándar laboral de salud ni seguridad. Así pues, la lectura de los parlamentarios del Frente Amplio sobre esta situación, como la de los románticos marxistas de antaño, es proponer como solución la insistencia en la misma causa que motivó el problema inicial.

En cualquier caso, sucesos tan lamentables como el ocurrido en Las Malvinas –que ponen sobre relieve las enormes discrepancias de nuestra economía, en la que a algunas compañías se les exige lactarios equipados mientras que otras no tienen ni puertas– no son consecuencia del modelo económico liberal, sino más bien de su debilidad. Un sector privado que por décadas ha sido estrangulado con sobrerregulación estatal no ha podido, todavía, generar suficientes empleos productivos y seguros para los cientos de miles de muchachos que, como Jorge Luis y Jovi, entran al mercado laboral todos los años. No se trata, pues, ni de asomo, de falta de fiscalización a empresas formales; se trata, más bien, de abrir las puertas de la formalidad a las mayorías excluidas del sistema y de fiscalizar ahí donde sí es necesario, como por ejemplo las condiciones de seguridad que claramente no existían en la galería en cuestión.

Aprovechar políticamente una circunstancia tan sensible es ya materia harto cuestionable, pero hacerlo para insistir en el error que en parte da origen al problema es francamente reprensible.