Editorial: Largo tiempo el peruano oprimido...
Editorial: Largo tiempo el peruano oprimido...

En los últimos días, el primer ministro Fernando Zavala ha ido explicando en distintos medios de comunicación –incluyendo un artículo de opinión en este Diario– el contenido de los 112 decretos aprobados gracias a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso en setiembre del año pasado. En este esfuerzo comunicativo, el presidente del Consejo de Ministros ha privilegiado los comentarios sobre las facilidades y beneficios que dichas normas han deparado para los ciudadanos.

Aunque disposiciones encomiables como no tener que presentar la copia del DNI ante una entidad pública, poder constituir una empresa en 24 horas, o no tener que renovar el permiso de lunas polarizadas, ciertamente, facilitan la vida de miles de personas, los grandes aciertos que ha tenido el paquete normativo aprobado por el Ejecutivo se encuentran en otra parte. Nos referimos a las reformas administrativas transversales –contenidas en normas como los decretos legislativos 1256, 1272 y 1310– cuyo impacto potencial alcanza no solo a los miles de empresarios de todo tamaño que operan en el país, sino también a millones de peruanos que podrían beneficiarse con el crecimiento de la inversión privada y la eventual reactivación económica.

Basta con pensar en cuántas empresas podrían expandir sus negocios exitosos de Lima a Huancayo y de ahí a Iquitos, si contaran con la certeza de no tener que lidiar con requisitos y trámites distintos a aquellos que les fueron exigidos en la ciudad de origen. La arbitrariedad y disparidad de criterios son una de las grandes limitantes que enfrenta la inversión privada en el país, y que pueden quedar en el pasado si se implementan adecuadamente los procedimientos y TUPA estandarizados, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1272.

O en cuántos inversionistas nacionales y extranjeros se sentirán atraídos de apostar en el Perú al constatar que los requisitos y regulaciones que les exigen solo surgirán o subsistirán en cuanto sean necesarios y razonables y que, al cabo de tres años, estos caducarán si acaso la entidad pública a su cargo no sustenta adecuadamente su utilidad, y pasa la validación de una comisión multisectorial de calidad regulatoria presidida por la PCM, como lo dispone el Decreto Legislativo 1310. Es decir, invertir en un país donde prevalece la libertad de empresa y la tramitología es la excepción.

De igual forma, no debe subestimarse la confianza que puede generar a un inversionista el saber que, frente a la indolencia estatal, cuenta con un arma eficaz como el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas a cargo del Indecopi, y que el Ejecutivo ha reforzado a través del Decreto Legislativo 1256. Gracias a esta norma, bastará con una sola resolución del Indecopi para que una barrera burocrática ilegal no vuelva a ser aplicada a ningún otro empresario.

El esfuerzo del Consejo de Ministros por la simplificación administrativa es el más serio y ambicioso que se recuerde en las últimas dos décadas, y dependerá en gran medida del propio Ejecutivo que no le agüen la fiesta. Ello demanda, en primer lugar, destreza comunicacional para resaltar la importancia de estas reformas y lograr, así, el respaldo del Congreso, la ciudadanía y los propios empresarios. Algo fundamental si se quiere levantar, además, las alicaídas confianza empresarial (debajo de los 70 puntos desde el 2010) e inversión privada (con tasas decrecientes desde el 2014).

En segundo lugar, el Ejecutivo debe asegurarse de que la implementación de estas reformas sea la adecuada y que a nivel reglamentario no se pongan trabas al destrabe. No hay que ser demasiado sagaz para advertir que los principales enemigos de la eliminación de procedimientos burocráticos podrían ser los mismos burócratas encargados de ellos, por el peligro de dejarlos sin trabajo o privarlos de cuotas de poder que la simplificación administrativa acarrea.

El cambio de mentalidad que las normas aprobadas supone es muy grande. Durante muchos años, los ciudadanos hemos vivido soportando regulaciones y trámites sin comprender su sentido, y los funcionarios acostumbrados a que su poder equivale a arbitrariedad sin tener que responder a nadie. La libertad que se está empezando a recuperar es muy preciada como para subestimarla o no asegurarla.