Editorial: Pies sobre la tierra
Editorial: Pies sobre la tierra

El resultado del debate respecto a la participación de Petro-Perú en el lote 192 puede haber marcado de manera oficial el peligroso inicio de un período preelectoral en el que congresistas de varias bancadas competirán por presentar los proyectos más desatinados. 

El martes pasado, por ejemplo, el presidente de la Comisión Agraria, Wuilian Monterola, indicó que en octubre se retomará la discusión de los proyectos de ley que proponen limitar la propiedad de tierras agrícolas para personas naturales y jurídicas (un tema que viene dando vueltas en dicha comisión desde hace varios años). Con esto, las propuestas presentadas por los congresistas José León, de Perú Posible, y Wilder Ruiz, de Dignidad y Democracia, vuelven a colocarse en la agenda del Legislativo. 

El propósito de estos proyectos es restringir la extensión de la propiedad de tierras bajo el argumento de que existe una tendencia creciente a la concentración de espacios agrícolas en manos de un pequeño grupo de empresarios. En ese sentido, por ejemplo, la propuesta de Ruiz fija un límite a la propiedad agrícola de hasta 7.500 hectáreas en la costa, 2.500 hectáreas en la sierra y 10.000 hectáreas en la selva. 

Como hemos señalado en editoriales anteriores, sin embargo, los problemas a los que estas iniciativas buscan hacer frente no son sino algunos de los mitos y errores de concepción que existen respecto al agro en nuestro país. 

El primer mito se basa en la idea de que hay un proceso de concentración de tierras en marcha. La verdad, no obstante, es que al comparar el censo del 2012 –el último disponible–respecto al de 1994, el total de pequeñas unidades agropecuarias (hasta 5 hectáreas) se incrementó en 40,3%, mientras que el número de medianas unidades se redujo en 15,5% y el de grandes unidades en 11,5%. Algunas de las grandes empresas que incrementaron significativamente sus terrenos lo hicieron gracias a que el gobierno limitó la competencia de sus productos con los provenientes del exterior, situación que en parte se ha corregido recientemente gracias a la flexibilización de la franja de precios (es el caso, por ejemplo, del azúcar).

Esto nos lleva al segundo error de concepción: la subestimación de las economías de escala. Los emprendimientos agrarios tienden a ser más eficientes conforme dispongan de escalas más grandes. De hecho, uno de los principales problemas del sector rural es que los minifundios no tienen el tamaño suficiente para invertir en tecnología y equipamiento adecuado, situación que no se repite en operaciones de extensión mediana o grande. Y si bien es cierto que no es necesario alcanzar más de 1.000 hectáreas para ser eficiente, la arbitrariedad de los límites propuestos desconoce que, para diversas zonas del país, lo que se quiere incentivar es la inversión en grandes operaciones. ¿O deberíamos prohibir, por ejemplo, la conversión de desiertos en zonas fértiles –como ha sucedido en Ica–, que necesita de grandes espacios para ser rentable?

En tercer lugar, al no tener alcance retroactivo, estas iniciativas beneficiarían a aquellas empresas que ya posean tierras agrícolas por encima de los límites establecidos al momento de ser decretada la ley. Esto porque les aseguraría una ventaja frente a cualquier competidor al no permitir que otros grupos empresariales puedan alcanzar las mismas economías de escala.

Finalmente, el cuarto error en el que incurren los parlamentarios es asumir que los pequeños y medianos agricultores estarán mejor si se les limitan las opciones para decidir qué hacer con su tierra. Así, si un pequeño agricultor quisiera –por cualquier motivo– vender su propiedad a una gran empresa, esta transacción podría estar prohibida en caso exceda el límite permitido. 

Las propuestas para restringir la propiedad agrícola parecen entonces descansar sobre mitos que alimentan el desafortunado rechazo a la libertad de empresa y la inversión para privilegiar una visión equivocada, bucólica e idealizada de la agricultura y el sector rural en el Perú. Visión que, por cierto, es la misma que ha condenado al campo nacional al atraso y la pobreza durante décadas.