Editorial: ¿Y dónde está el policía?

Un nuevo tema ha entrado recientemente al centro del debate electoral y, afortunadamente, sí tiene que ver con uno de los asuntos más importantes para la ciudadanía: la seguridad y la lucha contra la delincuencia. Nos referimos a la eliminación del sistema 24×24 en la Policía Nacional. 

Como se sabe, este sistema –que viene siendo depurado progresivamente desde enero pasado– permitía a los policías brindar seguridad privada (a bancos, centros comerciales, restaurantes y negocios en general) durante sus días de franco para complementar sus ingresos.

Desde estas páginas hemos apoyado la eliminación del régimen en cuestión. No solo porque los salarios de los agentes policiales han subido significativamente –en relación con sus ingresos del 2011, el personal subalterno en promedio ha tenido aumentos superiores al 90%–, con lo cual se cierra la brecha salarial que el Estado no podía cubrir y que justificó en un primer momento la creación del sistema, sino porque la función que desempeñan exige dedicación exclusiva.

Aproximadamente 50% de los agentes en actividad hacían uso del 24×24, cuyas consecuencias eran un sistema de seguridad interna en el que las prioridades profesionales aparecían distorsionadas (muchos agentes policiales priorizaban la seguridad privada pues había más incentivos a “cuidar” ese trabajo que el de la seguridad pública), el descanso necesario desaparecía del calendario personal y familiar, y la moral de la institución resultaba mermada en la imagen que el mismo ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ilustró como “guachimanes de chifa con uniforme”.

Es por todo ello que la posición de la candidata Keiko Fujimori para retornar al 24×24 parece más una estrategia para captar el voto policial y el de las familias vinculadas a la PNP que una iniciativa pensada con el objetivo de mejorar la seguridad en las calles. Incluso el general (r) Marco Miyashiro, integrante del equipo de Seguridad Ciudadana de Fuerza Popular, señaló hace unas semanas que estaba a favor de la eliminación del sistema “porque la autoridad de la cual está envestida la policía, autoridad que le confiere el Estado, no debe ser alquilada al mejor postor”. La mayoría de expertos en la materia coincide con el señor Miyashiro.

Uno de los principales problemas con la discusión sobre el restablecimiento del 24×24 es que esta aleja el foco público de medidas que sí son urgentes para luchar contra el crimen común y el organizado. El espacio usado por la candidata para criticar una acción positiva que ya viene siendo implementada por la actual administración pudo haberse usado para abrir el debate sobre, por ejemplo, la aplicación de obras por impuestos para la mejora de la infraestructura en comisarías con instalaciones precarias, el acceso e interconexión de bases de datos públicas para las labores de investigación, la crisis de las escuelas de formación policial, la escasa preparación de varios agentes que patrullan las calles hoy con solo 18 meses de formación presencial, entre varios otros temas claves. Especialmente crítica resulta todavía la desarticulación de la cadena que vincula o debería vincular a la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE en lo que debería ser una estrategia coordinada para enfrentar el crimen.

Si la señora Fujimori desea estar a la altura de la imagen que le proyectan las encuestas como la alternativa política con mayor capacidad para luchar contra la delincuencia, insistir con la restitución de un sistema que mina la capacidad policial y la moral de la institución es el camino equivocado. Si el cargo de congresista que ocupó la candidata y el puesto de presidente al que aspira no debieran ser trabajos de medio tiempo, el rol de policía tampoco.