Editorial: El precio de la fama

El juez Richard Concepción Carhuancho fue apartado hace tres días del proceso que acumula los casos Cocteles, Aportes de Campaña y Anotación de Odebrecht (“Aumentar Keiko para 500”) y que se le sigue tanto a la líder de Fuerza Popular (FP) como a otros 51 implicados. La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado, al declarar fundada la recusación contra el referido magistrado formulada por el ex secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, también comprendido en las pesquisas.

La razón mencionada por la sala para justificar el retiro fue la existencia de ciertas declaraciones del juez a la prensa que habrían creado una “duda sobre su imparcialidad”. Concretamente, lo dicho en una entrevista que concedió el 1 de enero a RPP, tras la remoción de los fiscales Vela y Pérez del Caso Lava Jato, en el sentido de que “hay un partido político que tiene capturado el Ministerio Público”. Cabe recordar que, ante una repregunta de la entrevistadora sobre si se estaba refiriendo a FP, Concepción Carhuancho contestó: “Exactamente”.

En conferencia de prensa ofrecida por los tres integrantes de la sala que acogió el pedido de recusación – los magistrados Octavio Sahuanay, Jéssica León Yarango e Iván Quispe–, estos explicaron por qué tales declaraciones constituían un problema. “El día que [Concepción Carhuancho] sacó la resolución de prisiones preventivas [para Keiko Fujimori y varios otros de los involucrados en el proceso], no había ocurrido la remoción de fiscales. Ahora, el Ministerio Público podrá usar ese tema del cambio de fiscales para un pedido futuro. Es posible y respecto a eso, el juez ya adelantó opinión”, anotó Sahuanay. Mientras que León Yarango observó: “[En su fallo, Concepción Carhuancho] señaló en condicional que habría una captura [del Ministerio Público]. Sin embargo, al momento de brindar la entrevista, él ya concluye, hace afirmaciones concluyentes respecto a la captura de instituciones; en este caso, del Ministerio Público”. Y más adelante, añadió: “No puede hacer afirmaciones de manera categórica porque estamos en una etapa de investigación preparatoria”.

Como se sabe, la decisión de la Segunda Sala ha motivado protestas desde distintos sectores de la ciudadanía por cuanto el magistrado afectado por ella ha mostrado en los últimos tiempos una determinación para adoptar medidas particularmente severas a propósito de políticos de toda procedencia poco vista en un sistema de justicia sobre el que pesan más bien sospechas de ser indulgente con los poderosos. En consecuencia, lo que se malicia desde tales sectores es que, en sintonía con los personajes que podían estar sufriendo las consecuencias de ese rigor, se ha buscado un ‘pretexto’ legal para alejar al incómodo juez del proceso que tenía entre manos.

Esto, por supuesto, es especulativo. Podría tener algo de cierto como podría no tenerlo en absoluto. Pero conviene no perder de vista que lo fundamental en este caso es si la objeción jurídica planteada por la defensa de Jaime Yoshiyama y aceptada por la sala tiene sustento o no… Y la verdad es que, casi todas las opiniones especializadas coinciden en que sí lo tiene, con lo que estaríamos ante algo bastante más serio que un pretexto.

Quizás la mejor definición de lo sucedido sea la opinión emitida a través de las redes por la Presidencia del Poder Judicial, en el sentido de que el juez Concepción Carhuancho ha sido apartado del proceso a su cargo “por dar declaraciones que no abonan a su labor como juez, ya que la fundamentación y firmeza de sus resoluciones hablan por sí mismas”.

¿Qué es lo que llevó al magistrado que nos ocupa a prestar las inadecuadas declaraciones? Pues, se diría que un cierto afán de protagonismo que ya se le había señalado en otras oportunidades, pero que esta vez puso en cuestión la asepsia que le corresponde a quien en buena cuenta cumple la función de árbitro en los procesos que tiene bajo su responsabilidad, y que terminó por pasarle la factura.