Editorial: Poder y prestigio

Lo que presenciamos anteayer en el Parlamento estuvo muy lejos de un uso razonable del derecho constitucional de los congresistas de interpelar a los ministros. Fue, más bien, un ejercicio abusivo e irresponsable de ese poder. Quienes incurrieron en él querían desplegar su poder, pero acabaron haciendo un despliegue doble: el de su fuerza, sí; pero también el de su arbitrariedad y el de su mezquindad de miras. 

El debate en el hemiciclo solo sirvió para hacer evidente la falta de verdaderas razones, alcanzando momentos de patetismo bananero. El congresista Luis Galarreta, por ejemplo, calificó los resultados de la prueba PISA (una prueba internacional administrada por la OCDE y el medidor educativo más respetado internacionalmente) como un “psicosocial” del ministro Jaime Saavedra. El congresista fujimorista Bienvenido Ramírez, por su lado, calificó los mismos resultados como “una gran cortina de humo”. Y el aprista Mauricio Mulder incluso acusó al ministro de usar “pruebas PISA bamba”.

A Saavedra se le interpeló básicamente por dos cuestiones (al menos oficialmente). La primera, por compras irregulares realizadas por mandos medios de su institución. La segunda, por el retraso de la ejecución del presupuesto asignado a los Juegos Panamericanos.

Sobre el primer tema, el ministro, como ya había explicado el gobierno previamente, detalló cómo así no le correspondía a él aprobar esas compras, por lo que no se le puede imputar responsabilidad por un eventual acto de corrupción de funcionarios de nivel medio. Sobre el segundo tema, como señalamos el último miércoles en este mismo espacio, si el retraso en la ejecución de un presupuesto fuese motivo de censura, el Congreso probablemente no debería haber dejado en pie a un solo ministro por lo menos en los últimos tres gobiernos.

A pesar de todo ello, el fujimorismo ha decidido plantear una moción de censura. Esta, dado el número de congresistas de Fuerza Popular, es por supuesto solo un mero trámite previo a la efectiva remoción de Saavedra de su cargo. Es decir, la bancada naranja ha decidido descabezar al sector Educación esencialmente para volver a pechar al gobierno, además de probablemente para castigar al único ministro sobreviviente del régimen anterior y vengar los intereses privados de algunos empresarios de la educación superior muy relacionados con ella y con su cómplice en este acto, el Apra.  Al hacerlo, se descabeza también a lo que no solo era la primera reforma exitosa emprendida en el crucial tema de nuestra educación pública, sino también a un proceso que, habiendo sobrevivido de un gobierno al otro, estaba graduándose como una de nuestras pocas políticas de Estado.

Los resultados de la prueba PISA –“el psicosocial”– revelados hace un par de días eran una certificación más –esta realizada internacionalmente– de que Saavedra venía llevando las cosas en su ministerio por el camino correcto. Si bien aún hay muchísimo por mejorar en la educación del país, en esa medición el Perú es la nación con el cuarto mayor progreso en los últimos tres años entre las 69 evaluadas. En otras palabras, cuando finalmente empezamos a lograr que los estudiantes peruanos avancen, el fujimorismo y sus aliados en este tema decidieron meterles cabe.

En este Diario no hacemos una defensa ciega del ministro Saavedra. Como hemos expresado en editoriales anteriores, somos críticos de algunos aspectos de su gestión, como el apoyo a un mayor controlismo estatal en la educación universitaria o su desconfianza en las ventajas de la educación privada. Pero no hay cómo no reconocer que, en el balance, viene haciendo un trabajo de punto de quiebre en un sector que, después de muchos años, finalmente tiene a un ministro con una visión clara y con liderazgo. Y nos parece evidente que los temas por los que se le cuestionó en el Parlamento no constituyen, ni por asomo, un motivo válido para censurarlo.

“En el Perú, la autoridad que no abusa se desprestigia”, repetía un antiguo y criollo político nacional. Al parecer, nuestro actual Congreso piensa igual. Dependerá de la opinión ciudadana demostrarle lo contrario.