Editorial: Presunción de inocencia

La semana pasada, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado Javier Villa Stein, anuló la sentencia de ocho años de cárcel que había impuesto la Corte Superior al ex presidente Alberto Fujimori, y lo absolvió del delito de peculado en el caso conocido como Diarios Chicha. Pero sus repercusiones siguen vigentes.

El fallo judicial, en efecto, no ha estado exento de polémica, como lo evidencian las opiniones en uno y otro sentido de diversos expertos en la materia. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, varios abogados sostienen que existen argumentos razonables para concluir, al igual que la sala permanente de la Corte Suprema, que la conducta de Alberto Fujimori no encajaba dentro del tipo penal de peculado, puesto que los S/122 millones desviados de las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para la compra de la línea editorial de los diarios chicha no se encontraban legalmente bajo la administración y custodia de Fujimori. Otros tantos, en cambio, responden que, al haber firmado las resoluciones supremas que justificaban los “gastos secretos” del SIN, Fujimori sí resultaba responsable por controlar y fiscalizar su uso.

En este contexto, el pleno de la Corte Suprema está llamado a poner fin a la controversia y definir claramente el estándar de responsabilidad que puede alcanzar a altos funcionarios por el aprovechamiento (propio o de terceros) de recursos públicos. Pues resulta inevitable que el resultado de la última sentencia deje una sensación de impunidad cuando se considera que se ha utilizado un estándar más indulgente que en casos previos. Más aun, cuando el fallo de la sala que preside el juez Villa Stein utiliza un argumento tan inverosímil como el de sostener que puesto que según la ley el presidente es quien firma las resoluciones supremas, entonces dicha firma “no lo hace responsable penalmente por obrar en cumplimiento de sus obligaciones”, equiparando así la figura del presidente a una irreflexiva mesa de partes, como si aquel no tuviera la facultad de negarse a firmar aquello con lo que no estuviera de acuerdo o que le resultara sospechoso (especialmente teniendo en cuenta que uno puede incurrir en el tipo penal de peculado por negligencia).

Pero aunque una sentencia judicial pueda definir el estatus jurídico de una persona, no cambia la naturaleza de las cosas, ni borra aquello que quedará grabado en la memoria de quienes asistimos durante la década de los 90 a la más bochornosa exhibición de una prensa comprada que servía para echar basura sobre los adversarios políticos del régimen.

Por más que el fallo judicial concluya que las pruebas no logran determinar fehacientemente que Alberto Fujimori conocía del plan para instrumentalizar a una prensa chicha en el marco de su campaña reeleccionista, la inocencia que se presume del ex mandatario es la misma que perdimos todos los peruanos con las sucesivas portadas de diarios rastreros. Es decir, la inocencia que supone pensar que día a día, “El Chino”, “El Men”, “La Yuca”, “El Mañanero” y tantos más dedicaban sus titulares a insultar y difamar a los rivales políticos de Alberto Fujimori, y adularlo a él a cambio de US$2.000 y US$3.000 por cada titular, sin que este último tuviera conocimiento de que todo era parte de un plan diseñado a su favor. La desconexión requerida para presumir que S/122 millones transitaban ilegalmente debajo de sus narices y con su firma sin que él lo notara. El candor necesitado para pensar que cuando comandantes y funcionarios preguntaban a Fujimori y él asentía al desvío de dinero al SIN, no estuviera al tanto de la batahola que Vladimiro Montesinos y compañía hacían con los recursos públicos. La candidez, en fin, imprescindible para aceptar que Fujimori era el flotante presidente que nada tenía que ver con su asesor Montesinos, con el que se reunía o coordinaba casi diariamente y el que declaró en su propio juicio que Fujimori le indicaba con qué diarios tenían que trabajar y a quien le consultaba sobre el tipo de titulares que debían salir en la prensa chicha.

En fin, esta sentencia será útil para la discusión en las aulas de Derecho y en los pasillos del Poder Judicial. Pero para la condena moral sobre Alberto Fujimori y el episodio más oscuro del periodismo peruano, no era necesaria.