Cuando todo es una prioridad, nada en realidad lo es. De manera similar a lo que sucede con las calificaciones de “especial” o “único”, la palabra prioridad pierde sentido cuando se usa indiscriminadamente. Esta simple reflexión es especialmente relevante cuando se habla de políticas públicas y promesas electorales. Ante un presupuesto público limitado –y capital político finito para emprender las reformas tan difíciles como necesarias–, se hace urgente definir cuáles deben ser realmente las prioridades de la administración pública durante los siguientes cinco años. El mismo sol, pues, no se puede gastar en un gran proyecto de irrigación y a la vez en el equipamiento de hospitales.
Por ello, ad portas de escoger un nuevo presidente, es relevante repasar algunos asuntos claves que ameritan una preeminente atención durante los primeros días de gobierno.
Un primer asunto clave es la reforma del régimen laboral. La rigidez del mercado laboral y los sobrecostos de planilla en el sector formal forman parte consustancial del extendido problema de la informalidad en el país, situación que a la larga condena a siete de cada diez peruanos a empleos sin protección legal alguna y poco productivos. Las limitaciones para despedir trabajadores –que, a su vez, se convierten en trabas para contratar a nuevos–, el salario mínimo por encima de la productividad de muchos, los arbitrarios resultados de varias fiscalizaciones laborales, el pago de casi 60% sobre el salario neto en costos y beneficios de planilla, todos suman para explicar una de las tasas de informalidad laboral más altas del mundo que debe corregirse.
La falta de oportunidades laborales para los jóvenes, además, explica en cierta medida otro de los asuntos urgentes: la inseguridad. Si nos ponemos serios y dejamos de lado las propuestas populistas de campaña, constataremos que los especialistas coinciden en tres aspectos principales para mejorar la seguridad ciudadana: la mejora del equipamiento de la Policía Nacional, la erradicación de la corrupción sistematizada, y la mejor coordinación entre la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En muchas zonas de Lima y del interior del país, el crimen organizado y la delincuencia común han llegado a niveles preocupantes que largamente trascienden la “percepción”.
Para mejorar el sector Justicia, asimismo, es una prioridad contar con magistrados transparentes, competentes y comprometidos con un sistema predecible y confiable. Con un ratio de desconfianza que alcanza a aproximadamente 80% de la población, se hace urgente repensar la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad responsable de seleccionar, ascender y sancionar a jueces y fiscales. Para ser elegido consejero ni siquiera se exige tener una carrera en la magistratura, y sus miembros son escogidos finalmente como resultado de alianzas y componendas entre las corporaciones gremiales. No es de extrañar entonces el paupérrimo nivel de muchos magistrados que hoy integran nuestro sistema de justicia, como no ha de sorprender la imperiosa necesidad de su reforma.
Las deliberaciones en el Congreso que antecedieron al proceso electoral que hoy culmina dejaron pendiente también la urgente reforma integral del sistema electoral para acercar a la ciudadanía y sus representantes políticos. La lista de modificaciones urgentes pasa por la implementación de distritos uninominales, el voto voluntario, la fiscalización de la democracia interna en los partidos políticos, entre varias otras reformas que, articuladas, deberían crear una mejor representación política.
Finalmente, la llamada tramitología se ha convertido en un problema sistemático que perjudica a varios sectores económicos y ciudadanos de a pie. Según el BCRP, entre el 2010 y el 2014, las normas legales vigentes para el sector minero, por ejemplo, pasaron de 67 a 201. La creación de nuevas entidades no es la solución –salvo que se les encomiende identificar y reducir la carga regulatoria–. Las funciones de entidades fiscalizadoras de reciente data como el OEFA, la Sutrán, Susalud o Sunafil, muchas veces se superponen a la de organismos previos como los ministerios y reguladores, lo que genera complicaciones y confusiones adicionales.
En fin, esta lista no pretende agotar las funciones básicas del gobierno por los próximos años, pero sí brindar una idea de los retos más urgentes que enfrentarán los nuevos congresistas y representantes del Ejecutivo. La prioridad ahora es priorizar.