Editorial: Puerto trabado
Editorial: Puerto trabado
Redacción EC

Ayer nuestra sección “Portafolio” reportó una noticia que debería preocuparnos: los sobrecostos logísticos en el Perú son nueve veces el costo de los aranceles, convirtiéndose así en el principal obstáculo al comercio internacional en nuestro país. Este índice resulta muy alto pues, para tener una idea de su onerosidad, basta ver que en la gran mayoría de países que forman la la proporción es tan solo de 2 a 1.

El principal problema, por supuesto, es meter y sacar los productos por el , por el que pasa el 85% de nuestras exportaciones. Y es que mientras que en el año 2000 pasaban por él 400.000 contenedores, hoy pasan más de 1,8 millones. Esto significa que 4.100 camiones diarios circulan por las tres angostas vías que llegan al puerto, en una operación que puede tomar hasta diez horas, luego de, claro está, atravesar nuestras muchas ya colapsadas carreteras.

Así, mientras el gobierno trabaja, por un lado, para reducir los aranceles vía tratados de libre comercio; por el otro, los costos logísticos dificultan la salida y entrada de los productos a nuestro territorio. Ahora, lo irónico es que buena parte de estos sobrecostos son culpa del mismo Estado.

En ese sentido, una ley del restringe la posibilidad de que se desarrolle el servicio del cabotaje (esto es, el de transporte de mercancías entre un puerto y otro de nuestro litoral). Esta norma prohíbe que las empresas extranjeras se dediquen a esta actividad y que las empresas peruanas alquilen buques de bandera extranjera con ese fin (salvo por períodos de seis meses no renovables, lo que es igual que nada). Así, la ley creó una gigantesca barrera de entrada: solo los empresarios nacionales que pueden asumir el costo de adquirir toda la flota pueden operar en este mercado.

Como se puede imaginar, señor lector, la consecuencia de esto es que el servicio de cabotaje es una actividad prácticamente inexistente. Así, desperdiciamos la posibilidad de usar el mar como vía de transporte y descongestionar tanto las carreteras como la entrada y salida del Callao. Y, además, nos privamos de la oportunidad de aprovechar una vía de transporte más barata que la que hoy se usa mayormente. El flete marítimo, después de todo, cuesta un octavo de lo que cuesta el terrestre.

Existe desde hace buen tiempo un proyecto en el Congreso para liberalizar en cierta medida (aunque tímidamente) el cabotaje, presentado por la congresista . Pero nuestros parlamentarios prefieren dedicarle tiempo a otros proyectos normativos –como aquel que sirvió para ponerle nombre al cielo, por ejemplo– en vez de atender esta situación tan importante. 

La excusa que generalmente se escucha para defender las restricciones existentes es que “el mar es de los peruanos”. Una frase sin duda demagógica, pues en la práctica, como hemos visto, lo que ha terminado sucediendo es que el mar no es ni de los peruanos ni de los extranjeros, pues nadie puede aprovechar todo su potencial como vía de transporte entre los puertos del litoral.

Por otro lado, las iniciativas que existen para desarrollar mayor infraestructura que permita reducir los costos logísticos se encuentran atoradas en el pantano de la burocracia. Se ha planteado la construcción de un viaducto elevado por el que circulen los camiones que entran al puerto del Callao, la construcción de puertos secos (terminales en las que se realiza el control aduanero para agilizar la entrada y salida de mercancías hacia su destino) y el desarrollo de ferrovías pues los trenes sirven para transportar carga de manera más eficiente. Sin embargo, el Estado permanece impávido y no coge ninguna de estas iniciativas (cuando bien podría coger todas) ni deja que los privados se encarguen de las mismas.

Así, mientras una mano del Estado lucha con ahínco por destrabar nuestro comercio internacional celebrando tratados de reducción de aranceles, la otra mano deshace lo que hizo la primera empeñándose en mantener altos los costos de movilizar las mercancías que nuestros comerciantes buscan importar o exportar.