“Me siento mal por tener que hablar negativamente sobre mi país, pero no hay más remedio si buscamos sobrepasar tales circunstancias y queremos retomar el camino del bien”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
“Me siento mal por tener que hablar negativamente sobre mi país, pero no hay más remedio si buscamos sobrepasar tales circunstancias y queremos retomar el camino del bien”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Editorial El Comercio

El año transcurrido entre el anterior aniversario por la independencia y el que se celebra hoy ha estado marcado por la turbulencia política y la crisis institucional. Los penosos ribetes de la caída de Pedro Pablo Kuczynski y la actitud beligerante y obstruccionista de la principal fuerza política opositora generaron que Martín Vizcarra asumiese las riendas del Ejecutivo ya enfrentado a una decepción generalizada a propósito de la política nacional y sus protagonistas.

Y ahora, los audios. El destape de distintos medios periodísticos sobre la corrupción y las negociaciones turbias entre jueces, consejeros y demás miembros del sistema de justicia solo terminó de confirmar lo que muchos peruanos sospechaban: que la justicia en el país muchas veces se ofrece al mejor postor o al que tiene los contactos más provechosos. Ha sido la última estocada a una institucionalidad agónica cuyos problemas, ciertamente, no comenzaron durante este gobierno, sino que tienen larga data.

De esta manera hemos llegado a cumplir 197 años de historia republicana: en medio de una seria crisis política e institucional, que para muchos es un episodio más de la inevitable erosión de nuestra democracia. Un panorama sin duda sombrío en estas Fiestas Patrias.

Sin embargo, no tiene que quedarse así. Las dificultades que enfrentamos ofrecen también una oportunidad para que se lleve a cabo una profunda reforma del ecosistema político e institucional. Estamos, pues, en un punto de inflexión que definirá el rumbo que tome el país hacia el bicentenario: podemos mantener el statu quo y arriesgarnos a que en el 2021 la ciudadanía apueste por una opción que eche por la borda el progreso logrado en las últimas décadas, o podemos construir, por fin, un Perú con instituciones que gocen de la legitimidad que necesitan para que nuestra democracia y nuestra salud económica perduren en el tiempo.

Comencemos por lo más urgente. Un sistema judicial honesto y eficiente, con los mejores jueces y fiscales, es fundamental para que se respete y se mantenga el Estado de derecho. La reforma del sistema de justicia a ser anunciada hoy por el presidente Vizcarra requiere ser puesta en vigor y, para que prospere, el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben trabajar en conjunto, teniendo en mente lo mejor para el país.

Esta tarea va de la mano con otra de igual importancia: mejorar las instituciones y la confianza que la población tiene en ellas. De acuerdo al ránking de competitividad del Foro Económico Mundial del 2018, de 137 economías, la del Perú está en el puesto 116 en el pilar institucional; 126 en lo que concierne a la confianza de la ciudadanía en su clase política, 106 en independencia del sistema judicial, 131 en el peso regulatorio y 129 en la eficiencia del sistema legal en resolver disputas. Si no tenemos predictibilidad en las decisiones del sistema de justicia o satisfacción de la población en los servicios públicos –por dar algunos ejemplos–, difícilmente podremos seguir asegurando la continuidad de esta democracia, que tanto nos costó recuperar.

Y no solo eso: sin institucionalidad tampoco habrá un real progreso económico, pues finalmente se necesitan indicadores más allá de los macroeconómicos a fin de sentar las bases para un continuo crecimiento. La institucionalidad está directamente relacionada con la productividad y, como ya hemos dicho en estas páginas, no hay país que haya logrado desarrollarse sin mejorar sus indicadores de productividad general. Desafortunadamente, ante este reto estamos bastante atrasados: según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, entre 1970 y el 2015 la productividad cayó en promedio 0,3% en el Perú. Sin una mejora de la productividad –es decir, del uso eficiente de los recursos para producir, como el capital tanto industrial como humano, la conectividad y la tecnología– difícilmente podremos mantener el crecimiento del que hemos gozado en los últimos años.

Los retos a los que nos enfrentamos son grandes y los tres años que le quedan al gobierno de Martín Vizcarra solo son suficientes para sentar las bases para el cambio. Pero si algo ha sido evidente en este último año es que el país ya no puede seguir operando en piloto automático, sin instituciones eficientes, sin una clase política respetada, sin partidos políticos sólidos y en medio de una corrupción rampante. El desarrollo del Perú depende de ello.