Editorial El Comercio

Esta semana la Organización de Estados Americanos () ha entrado a formar parte de la crisis política peruana. El miércoles se hizo pública la vergonzosa carta enviada por el presidente y su canciller al secretario de dicho organismo solicitando la activación de la Carta Democrática Interamericana, en sus artículos 17 y 18, debido a que en el país se estaría gestando “un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática”. Una solicitud que, como mencionamos , no tiene asidero, además de ser sumamente descarada.

Pues bien, dos días atrás el Consejo Permanente del organismo regional sesionó para revisar el pedido del Gobierno Peruano y en la que, entre otras cosas, expresaban “su solidaridad y respaldo” a la administración del presidente Pedro Castillo y designaban a “un grupo de alto nivel […] para que realice una visita” a nuestro país a fin de evaluar la situación ‘in situ’. Un fraseo que solo puede provenir de aquellos que han escuchado únicamente a una de las tantas partes en el tema.

Como era de esperarse, el Ejecutivo recibió esta noticia con júbilo, tal y como quedó patente en los tuits que el mandatario y su presidente del Consejo de Ministros, , compartieron en la tarde del jueves. Sin embargo, lo que ha hecho el organismo internacional no es otra cosa que proceder como era de esperarse y, además, el tiro podría terminar saliéndole por la culata al Gobierno, pues ahora que la misión de la OEA visitará nuestro país y escuchará –ahora sí– a todas las voces es muy probable que termine por descubrir quiénes son los que realmente están menoscabando la democracia en el Perú.

Ya lo dijimos antes, pero vale la pena reiterarlo: hasta el momento, todos los intentos por destituir al presidente Castillo se han enmarcado dentro del cauce constitucional. La vacancia por incapacidad moral, por ejemplo, está –a juicio de este Diario– bastante justificada y si el Legislativo consiguiese los 87 votos para declararla no estaría haciendo otra cosa que utilizando una facultad que la Carta Magna le confiere ante un jefe de Estado salpicado por indicios de corrupción, con familiares y exfuncionarios prófugos, que ha utilizado sus atribuciones para intentar obstaculizar el avance de las investigaciones en su contra y probadamente incompetente para el cargo que viene ejerciendo desde hace casi 15 meses. Y en cuanto a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, esta viene siguiendo el trámite regular y deberá ser evaluada, llegado el momento, por las instancias correspondientes.

Esto, por supuesto, está lejos de ser un golpe de Estado, como el Ejecutivo quiere patéticamente hacer creer fuera de las fronteras nacionales. Los que, más bien, han venido menoscabando la democracia peruana han sido el presidente y quienes lo acompañan en sus constantes arrebatos autoritarios. ¿O acaso puede calificarse como democrática a una administración que destituye ilegalmente a un procurador que denuncia al presidente por corrupción? ¿A una que limita injustificadamente el acceso de los reporteros a las instalaciones gubernamentales o que concede entrevistas solo a los medios que no le resultan incómodos? ¿O a una que constantemente sabotea el trabajo del equipo especial de la PNP encargado, entre otras tareas, de dar con el paradero de los prófugos de este gobierno?

Ojalá que venga la OEA al país y que descubra sobre el terreno lo que, desde el Congreso, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los medios de comunicación, los organismos de la sociedad civil y otros tienen que decir respecto de la situación de la democracia peruana. Pues si esta se halla en riesgo hoy, ello no se debe a un inexistente golpe de Estado en marcha, a las acciones de fiscalización del Legislativo (que, por lo demás, han sido insuficientes) o al avance de las investigaciones de la fiscalía, sino más bien a los intentos cada vez más desesperados y evidentes del Gobierno por evitar que los indicios de corrupción en su interior salgan a la luz.

Editorial de El Comercio