Editorial: Real encubrimiento

El exfiscal de la Nación Pedro Chávarry deberá presentarse hoy en la sesión del pleno del Congreso para dar sus descargos a propósito de la acusación de encubrimiento real que pesa sobre él por la remoción (luego revertida) de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato en diciembre pasado.

Como se sabe, esta no ha sido la primera ni la última denuncia presentada contra el otrora titular del Ministerio Público, pero sí la única que Fuerza Popular y el Apra, cuyos votos sumados constituyen una larga mayoría en la Comisión Permanente, han permitido que llegue hasta esta instancia. Al señor Chávarry también se le atribuyó la presunta pertenencia a una organización criminal y por encubrimiento personal: delitos más graves que el mencionado que fueron cuestionablemente desestimados en mayo pasado por los representantes de las ya referidas bancadas.

Esta situación, que provocó la indignación de buena parte de la opinión pública, no representó la única oportunidad en la que el fiscal supremo fue protegido por la mayoría parlamentaria y la célula parlamentaria aprista. Desde el año pasado muchas de las acusaciones planteadas contra Chávarry han sido postergadas o simplemente rechazadas por las instancias parlamentarias correspondientes, práctica que incluso se repitió el martes pasado, cuando la Comisión Permanente rechazó que el informe que buscaba que se investigase al fiscal supremo por encubrimiento en el caso del deslacrado de las oficinas del Ministerio Público volviese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ser valorado nuevamente.

Frente a estas circunstancias, y ante el evidente descrédito que el Congreso ha acumulado por su actitud hacia Chávarry, sesiones como las de hoy motivan que nos preguntemos si las cosas pueden cambiar. No hay duda de que significaría una bocanada de aire fresco que el Parlamento aprobase, al fin, que el exfiscal de la Nación pueda ser investigado por alguno de los crímenes que se le imputan y que, si eventualmente fuera hallado culpable, purgase pena por ellos.

No obstante, si en efecto el Legislativo decide acusar a Chávarry por encubrimiento real, aún quedaría el sinsabor de que no haya ocurrido lo mismo con los otros delitos por los que fue acusado. La única posibilidad para revertir esto, aunque se saborea remota, sería por la vía de la cuestión previa que, en el caso del exjuez César Hinostroza, permitió que se añadiera al informe la supuesta comisión del delito de pertenecer a una organización criminal. Un camino pedregoso si se considera la extensión de la voluntad política que demandaría.

Por otro lado, si se toma en cuenta la forma en la que han elegido votar Fuerza Popular y sus aliados cuando las acciones de Pedro Chávarry han sido discutidas en las comisiones, también luce poco probable que el debate en el pleno derive, finalmente, en una acusación contra el exfiscal de la Nación. Una presunción en la que esperamos estar equivocados.

Dicho todo esto, es evidente que hoy el país va a estar particularmente atento a cómo se desenvuelva la sesión del pleno. Y es que, en buena cuenta, la plétora de acusaciones y graves cuestionamientos que pesan sobre Pedro Chávarry –que van desde las mentiras que profirió sobre su relación con César Hinostroza hasta su aparente participación en el deslacrado de las oficinas del Ministerio Público– demandan, aunque sea, una profunda investigación de parte de las autoridades. Que esto se dé sería un paso importante, no solo en el camino a dilucidar el rol del exfiscal de la Nación en una serie de delitos, sino en el de fortalecer nuestro alicaído sistema de justicia.

La oportunidad está en las manos de la mayoría parlamentaria y esperamos que la aprovechen en lugar de participar de otro real encubrimiento.