Editorial: Reconstrucción institucional

Una vez que terminen los embates del Niño costero, las labores de atención y rescate en zonas de emergencia darán pase a las acciones de corrección de deficiencias y reconstrucción. Aunque esta tarea recaiga primordialmente en el Ejecutivo, así como en los alcaldes y gobernadores regionales de las ciudades afectadas, es natural que exista también una demanda de actuación exigible a los parlamentarios.

El Congreso, como se sabe, tiene otras funciones además de la legislativa, entre las que se incluye representar a la ciudadanía y realizar el control político de las autoridades estatales. Si bien los criterios usados para definir en qué actuar no siempre han sido uniformes, creemos que los desastres naturales que estamos sufriendo representan una buena oportunidad para que los parlamentarios indaguen seriamente acerca de cómo invirtieron los gobiernos nacional, regionales y locales los recursos que les fueron asignados en los últimos años bajo la partida de ‘reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres’. 

El caso más sonado, hasta ahora, es el de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que de los 71 millones de soles asignados el año pasado para dicho fin destinó 61,7 millones al mejoramiento del malecón de la Costa Verde. Este caso, sin embargo, está lejos de ser el único al que valdría la pena prestar atención.

Basta con mirar los recursos asignados a los gobiernos de las zonas más afectadas por El Niño costero y los niveles de ejecución presupuestal para tener un buen punto de partida. Si consideramos las siete regiones más afectadas (Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes), veremos que en los últimos cinco años los recursos asignados para la prevención y atención de desastres se incrementaron en 260,2% para los gobiernos regionales y 179,2% para los gobiernos locales. No obstante, en ese mismo período, las autoridades gastaron en promedio solo 73,4% y 60,9%, respectivamente.

El incremento en el presupuesto da cuenta de que las autoridades, en su momento, sí advirtieron la necesidad de considerar una mayor inversión en prevención y atención de desastres. Sin embargo, también permite identificar que cuantiosos recursos no fueron oportunamente ejecutados. En el 2015, por ejemplo, la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales de Tumbes e Ica apenas llegaron al 48,9% y 19,6%, respectivamente; mientras que los gobiernos locales correspondientes a Tumbes y Lima solo alcanzaron el 55,7% y 59,3% de ejecución, respectivamente. Lo anterior no significa que las autoridades competentes hayan incurrido necesariamente en irregularidades o priorizaciones indebidas, pero sí es una clara señal de alerta que debiera llevarnos a examinar su performance.

La necesidad de revisar las acciones de las autoridades locales, regionales y nacionales no tiene por qué convertirse inevitablemente en una nueva comisión investigadora –famosas más por su vocación mediática que por su utilidad práctica–. Por lo pronto, las comisiones parlamentarias ya existentes y los congresistas representantes de las zonas más afectadas bien podrían empezar por inspeccionar si las autoridades competentes gastaron con diligencia los recursos asignados, así como evaluar su responsabilidad en permitir que miles de personas ocupen terrenos peligrosos como quebradas inactivas o cauces y desfogues de ríos.

El resultado de estas investigaciones, en algunos casos, podría terminar con una denuncia ante el Ministerio Público, y en otros permitirá evidenciar e identificar la responsabilidad política de las autoridades locales, regionales o nacionales, que la ciudadanía deberá tomar en cuenta la próxima vez que acuda a las urnas.

Revisar los defectos en prevención, al final del día, permitirá que la reconstrucción del país no solo sea física, sino también institucional.