Editorial: Reflejos a prueba

La determinación del presidente Humala de incorporarse a las sesiones de diálogo que se deben iniciar el lunes es una señal de que el gobierno finalmente está comprendiendo la gravedad del trance por el que pasa. Hasta un día antes de anunciar esa decisión, el ánimo oficial de convertir esas conversaciones en un intercambio de pronunciamientos inconducentes se había hecho obvio en la invocación de la presidente del Consejo de ministros, Ana Jara, a que participaran en ellas “todas las fuerzas vivas del país”. Convertir una mesa de diálogo en una asamblea, ya se sabe, es la mejor forma de asegurar que no se derive de ella acción concreta alguna.

Sin embargo, presionado quizás por el tuit que le dirigió Keiko Fujimori el miércoles pidiéndole una reunión de a dos, o sencillamente alarmado por el cariz que vienen tomando las distintas críticas de fondo y denuncias que han puesto al gobierno a la defensiva, el mandatario resolvió darse por aludido y conferirle al esfuerzo concertador un estatus político más serio, sumándose a él y limitando así –suponemos- el número de interlocutores en la práctica.

Al momento de escribir estas líneas, no es claro todavía si el Apra y Fuerza Popular se avendrán a tomar parte de esta versión mejorada del diálogo planteada por el gobierno. Pero es probable que al final no quieran concederle a este el monopolio de los reflejos afilados. 

Detectar un incendio, como ha hecho el presidente, no es, empero, lo mismo que apagarlo. Y si tiene él algo de la fibra patriótica que siempre ha reclamado, debería usar los mismos reflejos que le han permitido percibir las llamas que avanzan hacia el centro de su administración para tratar de contenerlas y salvar lo que todavía no está chamuscado, olvidándose por fin de la refriega menuda con los líderes de la oposición a la que ha estado entregado desde hace demasiado tiempo.

Irónicamente, el argumento del ‘ruido’ y los afanes electorales con que el oficialismo ha tratado de desvirtuar los golpes que ha encajado en las últimas semanas –la renuncia de un integrante de su bancada, las acusaciones de ‘reglaje’ a propios y extraños, la persistencia y la resurrección de denuncias de corrupción que involucran a sus miembros más visibles, etc.- podría, después de todo, servirle para ese fin. Porque, en materia económica, por lo menos, muchas de las cosas que tendría que llevar a la mesa coinciden con los planteamientos generales de quienes hoy lo critican o quieren escurrirse del diálogo.

Un ejemplo muy claro son algunos de los llamados “paquetes reactivadores”, pues parte del tercero y el cuatro de ellos en su totalidad han enfrentado problemas en el Congreso por no contar con los votos suficientes para su aprobación. ¿Pero pueden acaso Keiko Fujimori o Alan García dejar de respaldar públicamente y a través de los legisladores de sus partidos medidas que persiguen, por ejemplo, incorporar la participación privada en las empresas eléctricas del Estado o flexibilizar algunas normas ambientales maximalistas, sin dar la impresión de que solo lo hacen para llevar a los electores irritados con el gobierno a su redil? Y en rigor, lo mismo podría decirse de cualquier iniciativa que busque reemplazar a la derogada ‘ley pulpín’, siempre y cuando se haga esta vez un trabajo de persuasión previo entre sus potenciales beneficiarios.

En materia de seguridad, por otra parte, el presidente podría sin duda proponer también medidas que obtengan el apoyo de los líderes opositores mencionados y otros. Pero un mínimo sentido de realidad tendría que llevarlo a remover antes al ministro que, sin haber contribuido verdaderamente a disminuir la criminalidad en el país (¿o alguien tiene cifras fehacientes que digan lo contrario?), es un escollo para la idea misma del diálogo. Nos referimos, por supuesto, al titular del Interior, Daniel Urresti.

Hemos reservado para el último el tema de la corrupción, que es aquel en el que el gobierno más dificultades tiene para esterilizarse de las críticas y sospechas que pesan sobre él. Un primer gesto, sin embargo, debería ser el retiro inmediato del ministro de Justicia Daniel Figallo, cuya actuación en el caso Belaunde Lossio ha sido el emblema de la ambigua actitud oficial al respecto. Por lo demás, solo queda desear que al final queden tan limpios de polvo y paja como aseguran estar.

De cualquier forma, la oportunidad que tiene ahora por delante el presidente de mostrar que es capaz de retomar la iniciativa política difícilmente se repetirá en el poco tiempo que le queda en Palacio. Y si no consigue aprovecharla, su paso por el poder corre el riesgo de quedar en la memoria colectiva como una anécdota prescindible.