Editorial: Una reforma entallada

Tras los cuestionamientos a la normatividad electoral que rigió los accidentados comicios de este año, se forjó un cierto consenso político acerca de la necesidad de reformarla y de hacerlo, además, no bien empezado este gobierno. La idea era evitar las suspicacias que generan las modificaciones de este tipo hechas en las vísperas de una votación; máxime cuando quienes las formulan están relacionados con las organizaciones que competirán en el proceso a regular. Es decir, son congresistas de los partidos que disputarán poco después el poder.

Con ese ánimo, la Comisión de Constitución ha aprobado recientemente la formación de un grupo de trabajo en su interior que asuma esa tarea y plantee sus resultados a la comisión misma; y luego, a través de esta, al pleno del Congreso. El grupo en cuestión tiene como coordinadora a la parlamentaria de Fuerza Popular (FP) Patricia Donayre y está integrado también por los legisladores Gilbert Violeta de Peruanos por el Kambio (PPK) y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso (APP).

Y si bien no conocemos todavía el tenor de la modificación general que ellos propondrán en unos meses a sus pares, el surgimiento de una iniciativa en particular –deslizada originalmente por el representante aprista Javier Velásquez Quesquén, pero acogida luego con entusiasmo por la congresista Donayre– hace temer por la asepsia de la que se quería dotar a todo el esfuerzo.

“Creo que no hay que esperar [a] que uno de los candidatos obtenga el 50% de los votos más uno”, ha dicho Velásquez Quesquén en una entrevista, a propósito de las reglas que rigen la primera vuelta en nuestro país. Y ha agregado: “Hay que ver cómo adecuamos […] la experiencia argentina, donde al candidato que obtiene el 40% más uno lo declaran ganador; o gana el candidato más votado en primera vuelta si saca más de diez puntos sobre el segundo”. Según él, esto sería deseable para no repetir lo que ocurrió en esta última segunda vuelta, en la que “hubo un voto contra una candidata y no un voto de respaldo a la propuesta de un candidato”. 

Su argumentación, no obstante, presenta algunos problemas. Primero, uno de información: en Argentina, se declara ganador a quien ha obtenido más del 45% de los votos (no el 40). Y la consideración adicional respecto de los diez puntos de ventaja sobre el segundo, no se aplica en cualquier caso, sino solo en la eventualidad de que el postulante más votado hubiera obtenido –ahí sí– más del 40%. 

Por otro lado, la reflexión sobre la primacía de la votación ‘a favor’ sobre la votación ‘en contra’ de un candidato colisiona con aquello que precisamente busca el sistema de dos vueltas: que ningún postulante que es rechazado por más de la mitad del electorado (y peor aun si lo es por el 60 o 70% del mismo) llegue al poder para tratar de sacar adelante un gobierno cuesta arriba.

La iniciativa, sin embargo, ha encontrado eco en la parlamentaria Donayre, quien adicionalmente ha sugerido bajar la vara para el triunfo en primera vuelta del 40 al 30%. Y para sortear el evidente problema de que la modificación daría la impresión de estar hecha a la medida de Keiko Fujimori y su reiterada dificultad para alcanzar el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta o imponerse en la segunda, le parece suficiente que la propuesta no nazca de ella o del partido fujimorista. Peca la congresista, por supuesto, de ingenuidad. Aunque no queda claro si porque la cultiva ella misma o porque nos la atribuye a todo el resto.

Lo cierto es  que, como cabía esperar, las objeciones de los miembros de otras bancadas al respecto ya empezaron a escucharse, anunciando la posibilidad de que este importante empeño naufrague… antes de siquiera haber zarpado.

Ojalá los miembros del grupo de trabajo que encabeza la señora Donayre comprendan a tiempo la trascendencia de la tarea que tienen entre manos, y no caigan en la tentación de diseñar una reforma entallada.