Editorial: Regular y supervisar
Editorial: Regular y supervisar

En un saludable proceso de democracia interna, el conglomerado político de izquierda denominado definió recientemente, a través de elecciones abiertas a la participación de todos los ciudadanos –fueran o no militantes de alguna de las organizaciones que lo integran–, a su candidata presidencial para los comicios del próximo año. 

Después de un conteo de votos insólitamente largo (tomaron parte del acto electoral poco más de 30 mil personas y el escrutinio demoró cerca de una semana), resultó ganadora la congresista , cuya victoria fue reconocida y recibida de buen grado por sus competidores. En esa medida, es natural asumir que, a partir de ese momento, ella se ha convertido en la abanderada y vocera de lo que ese frente ofrece y plantea para el país en el caso de que lograse llegar al poder.

Llama por eso la atención la forma en que, en una entrevista televisiva concedida el fin de semana, la congresista trató de relativizar lo que la Plataforma Programática publicada en la página web del FA propone con respecto a los medios de comunicación. En el literal ‘a’ del punto 9 del referido documento, bajo el título de Pluralismo en las Comunicaciones contra la Concentración de Medios, se lee: “Crear un Consejo de Regulación y Supervisión de Medios, que sea autónomo del gobierno nacional y de los propietarios privados, para asegurar la pluralidad informativa y la interculturalidad en los medios de comunicación privados y públicos, y el uso neutral de los recursos de publicidad estatal”.

De más está decir que, sin importar las salvedades que se reciten a propósito de la autonomía frente al gobierno, esa fórmula abre la puerta para la intromisión política en los medios privados. ¿Quién designaría a los miembros de ese consejo supuestamente independiente y encargado de una tarea de por sí ímproba? ¿Cuál sería el criterio para definir si existe o no ‘pluralidad informativa’ en tal o cual diario o canal? ¿En qué, si no en manipular y controlar los contenidos, podría consistir la tarea de ‘evaluar’ y ‘supervisar’ a los medios?

Confrontada por los entrevistadores con este planteamiento textual, sin embargo, la candidata Mendoza trató de edulcorarlo. “Más allá de cómo está redactado, [declaramos] nuestro compromiso firme con la libertad de expresión”, dijo. Y luego añadió: “Lo que sí nosotros hemos señalado es que creemos que hace falta democratizar más y mejor los medios de comunicación”.

El problema, no obstante, no está en la redacción, sino en los conceptos. La invocación de la libertad de prensa como preludio a su liquidación y la excusa de entregar los medios “a las organizaciones representativas de la sociedad” para democratizarlos fue precisamente lo que vivimos en la dictadura velasquista, hace más de cuarenta años, con los resultados que todos conocemos. Pero lejos de cualquier escarmiento, el afán de controlar a la prensa independiente vuelve cada cierto tiempo en los planes de quienes aspiran al poder en el país y recrudece como una enfermedad mal curada. Estuvo presente en la gran transformación (el plan original del nacionalismo) en las elecciones del 2011 y está presente ahora en la Plataforma Programática del FA.

Como hemos aseverado en otra oportunidad, es una lástima que en este sector de la izquierda la conversión a la causa democrática no pase de la celebración –necesaria pero no suficiente– de procesos electorales. En la práctica, continúan desdeñando la importancia de las libertades públicas –entre las que ocupa un lugar primordial la de expresión– y el equilibrio de poderes. Un preocupante sesgo del que ha dado muestras la propia candidata Mendoza antes e incluso durante la entrevista que comentamos, al caracterizar el gobierno de en Venezuela como “una democracia débil”. 

Aquello, bien lo sabe la ciudadanía, es una dictadura. Y no cabe atenuar su naturaleza con nombres amables por solidaridad o pudor ideológico. Débil es más bien la convicción democrática de quienes creen que con solo contar votos los viejos hábitos totalitarios quedan exorcizados. Y sus inquietantes intenciones de regular y supervisar a los medios, como ocurre en los regímenes con los que nunca acaban de romper, tienen que ser denunciadas ante la opinión pública desde ahora para que cuando llegue el día del sufragio sean solo un mal recuerdo.