Editorial: Remedio para descongestionar

Basta con señalar la caótica congestión vehicular en Lima para observar uno de los ejemplos más claros de los costos que genera un Estado con exceso de burocracia. Si bien el problema del tráfico en la capital tiene varias causas (déficit de infraestructura, malos hábitos de conductores y peatones, entre otros), este se agrava cuando las distintas entidades encargadas de normar y fiscalizar el transporte no actúan de manera coordinada.

Como informó el lunes este Diario, hay hasta diez entidades involucradas en el sistema de transporte en Lima y Callao. Por ejemplo, mientras en el corredor azul y el Metropolitano participan la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Pro Transporte, el Instituto Metropolitano de Planificación y Emape; en el tren eléctrico se requiere la intervención de otras cinco autoridades totalmente distintas, como la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, los ministerios de Economía y Vivienda, Pro Inversión y Ositrán. Así las cosas, ¿cómo aspirar a tener un sistema ordenado e interconectado de transporte en una ciudad donde ni siquiera los medios de transporte son regidos bajo las mismas autoridades y las mismas reglas?

Tener tantas cucharas dentro del mismo plato, por supuesto, ha provocado una carencia total de armonía al momento de tomar decisiones. Así, abundan los ejemplos provocados por el desorden burocrático, la falta de planeamiento estratégico y la presencia de reglas redundantes –cuando no contradictorias– entre las distintas instancias del Gobierno Central y los gobiernos municipales de Lima Metropolitana y el Callao.

En efecto, en junio del 2015, a pocos meses de iniciada la construcción del ‘by-pass’ de 28 de Julio, la Contraloría General de la República informó que existía un traslape entre esta obra y el trazo de la futura línea 3 del metro de Lima, lo que afectaría una de sus estaciones. Algo más grave ocurrió en el 2012, cuando la Municipalidad de Lima tuvo que cancelar la ejecución del proyecto Metropolitano II pues la descoordinación con el Gobierno Central llevó a que el recorrido planeado se superponga en un 95% con el de la línea 2 del metro de Lima.

Los casos no se limitan a las nuevas obras de infraestructura de transporte, sino que se hacen más frecuentes en los servicios más cotidianos. Por ejemplo, cuando culminaron los plazos para empadronar a los taxistas que cumplieran con las condiciones exigidas por la Municipalidad de Lima en el 2012, la Municipalidad del Callao continuó con la inscripción y entrega de tarjetas de circulación para taxistas que no estuvieran registrados y bajo requisitos que diferían con los de la comuna limeña. O también se puede recordar el caso del corredor azul, cuyo trazo motivó la reestructuración de 14 rutas (de buses y combis) pertenecientes al Callao, ante lo cual, los transportistas iniciaron una huelga desconociendo las nuevas rutas, y apoyándose precisamente en los permisos que el municipio chalaco les había otorgado.

Los ejemplos podrían continuar pero hasta este punto, creemos, ha quedado suficientemente ilustrado el problema de tener a demasiadas entidades a cargo de un solo problema.

Por ello, es una buena noticia que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) haya presentado la semana pasada su propuesta conceptual para la creación de una autoridad del transporte urbano de Lima y Callao (ATU). Un remedio que puede, finalmente, descongestionar el problema del transporte limeño y chalaco, siempre que cuente con la potestad exclusiva para regular, fiscalizar y sancionar todos los casos que atañen a este tema.