Editorial: Rendición de cuentas

En su mensaje a la nación del 12 de diciembre, el presidente Martín Vizcarra anunció la formación de una Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, con el objetivo de elaborar propuestas que posteriormente tendrán que ser revisadas por el Congreso para su implementación. Con el anuncio, el mandatario listó una serie de temas pendientes entre los que estaba la inmunidad parlamentaria y se sumó, así, a los congresistas que han cuestionado la pertinencia de esta prerrogativa legislativa a la luz de una coyuntura que lo exige.

Que el jefe de Estado y algunos padres de la patria hayan llamado la atención sobre la urgencia de una reforma a la inmunidad parlamentaria resulta sumamente importante. Principalmente porque hoy en día existe más de un congresista que, por alguna u otra razón, está siendo reclamado por la justicia y desde el Legislativo se ha abusado de este mecanismo de protección para liberar a los representantes del alcance de la misma. Desvirtuando, así, el fin de la referida prerrogativa.

El caso que más atención ha acaparado es el del congresista Edwin Donayre de Alianza para el Progreso (AP), quien en agosto fue condenado por el delito de peculado (a él y 41 personas más se los acusó de apropiarse de combustible del Ejército en el 2006) y a quien la inmunidad, y la renuencia de sus pares a levantarla, lo ha mantenido fuera de prisión.

Pero a este se suman los casos de Betty Ananculí (Fuerza Popular), acusada de haber presentado documentación sobre sus estudios en los que figuran firmas falsas; el de Wilbert Rozas (Frente Amplio), por el presunto delito de peculado; el de Richard Acuña (AP), contra quien la Corte Suprema ha solicitado que sea procesado sin restricciones por presuntamente haber cometido los delitos de fraude procesal y uso de documentos falsos para apropiarse de un terreno en Trujillo; el de Moisés Mamani (Fuerza Popular), contra quien el Ministerio Público busca formalizar una investigación por tocamientos indebidos a una azafata; y el de Benicio Ríos (AP), sobre quien pesaba una condena firme. De todos, solo este último, luego de un largo trance, fue destituido para que haga frente a la justicia.

En una democracia el mecanismo de la inmunidad se funda con el fin de evitar que los congresistas puedan ser perseguidos por la justicia como represalia por los alcances de sus responsabilidades como representantes, para que ante un régimen autoritario o la incomodidad que podría suponer para un grupo, no se trunque su trabajo. Sin embargo, así como esto es saludable para nuestro sistema político, no lo es que esta figura sirva para cobijar en el hemiciclo a personas que deben rendir cuentas a la justicia por acciones cometidas antes de asumir el cargo o por incurrir en delitos ajenos al ejercicio de sus funciones, como sucede con los referidos legisladores. En ese sentido, la reforma que propugne la comisión de alto nivel debería ir por el lado de acotar los alcances de la inmunidad parlamentaria para que esta no termine patrocinando la impunidad.

Una primera medida que podría evaluarse para este fin es que el levantamiento de esta prerrogativa no esté en manos de los propios congresistas. El hecho de que lo esté significa que, a la hora de tomar una decisión, los intereses políticos priman sobre la justicia. La reforma debería apuntar a hacer difícil que el Parlamento pueda pasar por alto los hechos que pesan sobre algunos de sus miembros y permitir que el Poder Judicial pueda ejecutar sus decisiones sin obstáculos.

Así las cosas, está claro que la reforma política deberá tener muchísimos componentes para ser una que remedie la situación actual del Perú, con tantos líderes políticos en aprietos con la justicia y con el descrédito que esto trae consigo. Una medida por sí sola difícilmente lograría un cambio sustancial. No obstante, en un país donde el alcance de la justicia es tan precario, reconfigurar la inmunidad parlamentaria para facilitar la rendición de cuentas a la justicia, en el balance, resulta especialmente importante.