(Foto: Reuters)
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Editorial El Comercio

Hace unos días, la decidió “reexaminar” la situación legal del presidente por su papel en la firma de la adenda N°1 al contrato de concesión para la construcción del aeropuerto internacional de en el Cusco, a cargo del consorcio Kuntur Wasi S.A., cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones de la administración Kuczynski. Una situación que, sin duda, podría acarrearle complicaciones al Gobierno y enrarecer aun más la atmósfera política.

Como se sabe, el jefe del Estado ya fue anteriormente comprendido en las pesquisas por su papel en este caso, pero la indagación se archivó en febrero del 2018, luego de que se determinara que faltaban elementos probatorios para continuarla. No obstante, un documento presentado la semana pasada por la fiscal Zoila Sueno Chirinos y acogido por la Fiscalía de la Nación contendría nuevos indicios del posible vínculo entre el mandatario y la adenda, que disponía una variación en la forma de financiamiento del proyecto.

En concreto, la mencionada fiscal señala que, a raíz de la incautación de la laptop de José Balta del Río, gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., se han encontrado en esta archivos que guardarían relación con la investigación “por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible llevada por la Fiscalía de la Nación contra […] Martín Alberto Vizcarra Cornejo”. Entre estos está un informe elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a pedido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a propósito de la controversia con la concesionaria sobre la determinación del interés en la obra –el tope de este no quedaba claro en el contrato original y podía suponer que el costo real de la construcción se elevase– y por el que el Estado pagó US$45.000, cuando el presidente era titular de esa cartera; y un pliego interrogatorio que correspondería al que el actual mandatario debía responder en el proceso de interpelación que se programó en su contra para marzo del 2017. En ambos casos, las fechas en las que estos documentos fueron almacenados en la computadora juegan un papel importante.

En lo que se refiere al informe del CAF, este habría estado en dos documentos distintos que datan del 19 y 21 de octubre del 2016. No obstante, el reporte recién fue remitido al Estado Peruano el 7 de noviembre de ese mismo año. La circunstancia llama la atención, pues revelaría que una de las partes (el consorcio) habría tenido acceso a un documento, supuestamente elaborado de forma independiente, antes de que este se presentase.

Las dudas más inquietantes, sin embargo, las suscita el referido pliego interrogatorio. Este, además de contener preguntas, contenía respuestas que, según la fiscal Sueno, guardarían relación con el proceso de interpelación que debía enfrentar Vizcarra el 16 de marzo del 2017 ante el Congreso (se terminaría postergando hasta el 18 de mayo por El Niño costero), justamente por la mentada adenda al contrato del proyecto. De acuerdo con Palacio, y según la versión del presidente, se entregaron las contestaciones en un oficio enviado al Parlamento luego de que la sesión interpelatoria no prosperase. El documento, empero, fue guardado en el ordenador de Balta del Río seis días antes del día de la sesión, lo que sugiere que el consorcio podría haber tenido que ver en la elaboración del texto.

Definitivamente, la relación que pueda haber entre el documento encontrado y el que el presidente llevó al Legislativo debe ser esclarecida lo antes posible.

En general, la aclaración de la confusión en torno a la adenda al contrato de concesión del aeropuerto demanda el esfuerzo de todos los poderes del Estado. En un contexto en el que el Caso Lava Jato ha revelado lo peor de la política peruana, y de recrudecimiento de la confrontación política, el país no merece ni debe pasar por otro remezón que sacuda la ya poca confianza que los peruanos le tienen a su clase gobernante.

En lo que concierne específicamente a la presunta participación del presidente en el Caso Chinchero, debido a la inmunidad de su cargo, por el momento el Ministerio Público solo puede llevar a cabo una investigación preliminar. Pero esta igual ayudará a responder las interrogantes que han sido despertadas una vez más.