Editorial: Revolución social sin reformas

A propósito de la alocución del presidente Kuczynski este 28 de julio, algunas voces han resaltado el mea culpa que habría estado presente en dicho mensaje, así como la reafirmación del compromiso del jefe de Estado por impulsar una ‘revolución social’ en el país.

Con relación a lo primero, tal caracterización nos parece un tanto excesiva. Lo que el mandatario dijo fue: “Quizás subestimé el esfuerzo titánico que requería restablecer el crecimiento económico […]. Me disculpo si fue así”. Enunciados en los que el ‘quizás’ y el ‘si fue así’ introducen una dosis de duda conducente, por lo que parece, a atenuar la pretendida admisión de responsabilidad. Una impresión que se ve reforzada, además, por lo ajenas a esta administración que resultan las causas señaladas por el propio presidente para la decepcionante performance económica de los últimos doce meses: la llegada de El Niño costero, el escándalo de Lava Jato y las “medidas discutibles dictadas al final del gobierno anterior”.

Ingredientes ciertos todos ellos del cuadro que ahora lamentamos, pero no los únicos…

La puesta en marcha de un limitado paquete de reformas tributarias –incluyendo la anunciada, pero luego descartada, reducción del IGV– y la caída de la inversión pública en promedio durante los cuatro primeros trimestres de esta administración, por ejemplo, responden a decisiones únicamente atribuibles a este gobierno. Algo similar se podría decir de la inhabilidad para alentar la inversión privada y revertir la tendencia decreciente que ahora arrastra el país desde hace 14 trimestres, si es que se analiza la forma titubeante en la que actuó el Ejecutivo en asuntos de mucha visibilidad como el manejo de conflictos sociales, el proyecto para la construcción del aeropuerto de Chinchero e, incluso, su relación con la oposición parlamentaria.

Es de esperar, entonces, que la ausencia de un verdadero reconocimiento de responsabilidades en el discurso presidencial no signifique que el equipo de gobierno no haya tomado consciencia de ellas.

Por otro lado, también resultó llamativo el contraste entre hablar de una ‘revolución social’ y limitarse a presentar al Congreso cinco proyectos de ley sobre asuntos muy puntuales. No es que tales proyectos no expresen –unos más que otros– iniciativas valiosas, sino que son apenas correcciones de algunos elementos y detalles dentro de sectores que requieren una reforma estructural desde hace decenas de años.

Es positivo, por ejemplo, un cambio en la conformación y los requisitos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero tal cambio, por sí solo, no va a revolucionar la administración de justicia en el país.

Puede ser importante también mejorar y fortalecer el sistema de inspección de trabajo a través de la Sunafil. Pero ese correctivo retirará, apenas, una gota de agua del océano de despropósitos que caracteriza la legislación laboral peruana.

Es acertada la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Pero centralizar en una sola entidad la responsabilidad del caos en el que nos desplazamos día a día no equivale a solucionarlo.

En lo que concierne a las grandes tareas de reforma, el preocupante mensaje es que seguirían siendo postergadas. Para volver al espinoso tema del empleo, eso, por lo menos, es lo que cabe colegir de una fórmula tan brumosa como: “Debemos aplicar medidas que, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, permitan dinamizar el ciclo laboral”. Y del añadido: “Estas medidas requieren socializarse mediante un diálogo tripartito en el seno de un Consejo Nacional de Trabajo fortalecido”. Una receta segura para condenar todo intento de enmienda de una legislación que mantiene al 70% de la fuerza productiva del país en la informalidad a la inmovilidad y, consecuentemente, al fracaso.

En buena cuenta, para aspirar realmente a la ‘revolución social’ que el presidente Kuczynski nos ofreció hace un año, corresponde que el gobierno emprenda reformas que exceden largamente lo incluido en el discurso.