Editorial: Sabor y control

El último miércoles, poco más de dos semanas después de que Edgar Alarcón fuera removido de su cargo como titular de la Contraloría General de la República en razón de las múltiples denuncias éticas y legales que pesaban en su contra, la Comisión Permanente del Congreso dio inicio a un nuevo episodio en el desarrollo de esta entidad al designar como contralor –con 18 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones– al economista Nelson Shack.

A juzgar por lo que se conoce de su perfil profesional –Shack es magíster en gestión y políticas públicas, y cuenta con una importante experiencia en el Estado en cargos como el de director nacional del presupuesto público en el Ministerio de Economía y Finanzas y el de director del Banco de la Nación, entre otros–, así como por su aparente neutralidad política, al momento de tomar la decisión habrían primado en el Congreso los criterios adecuados. Más aun si se compara al nuevo contralor con su antecesor, quien, además de abundantes cuestionamientos éticos, parecía cultivar una vocación política mucho más desarrollada que su interés por ejercer correctamente un cargo de naturaleza eminentemente técnica.

Pero si Shack pretende tener éxito y transformar la contraloría en el indispensable actor público de lucha contra la corrupción que está llamado a ser, haría bien en identificar y tener presente cuáles fueron los principales errores de gestión en los que incurrió Alarcón (algunos de los cuales, en mayor o menor medida, también cometieron anteriores contralores).

Así, un asunto con el que Shack debería marcar distancia desde el principio es el afán de protagonismo que caracterizó la gestión de quien lo precedió. En ese sentido, vale la pena recordar las muchas declaraciones del ex contralor Alarcón adelantando opinión sobre informes aún en proceso (algo que, además, está expresamente prohibido por las normas del sistema de control). Nos referimos, por ejemplo, a la entrevista en la que anunció la existencia de presuntas irregularidades en la compra de computadoras del Ministerio de Educación que –según aseveró– involucrarían a la ministra Marilú Martens y que fue concedida incluso antes de que venciera el plazo para que los funcionarios supuestamente involucrados pudieran efectuar sus descargos.

Por otro lado, es también vital que la nueva autoridad tenga presente cuál es realmente el rol que la ley le asigna a la institución que ahora dirige, así como cuáles son sus limitaciones. Y es que si bien Alarcón pensaba que los servidores públicos no estaban “acostumbrados a que se les oriente” y, por ende, pretendía agregar unilateralmente a sus funciones la de “gestor”, el propósito de esta entidad no es otro que el de fiscalizar el uso correcto de los recursos estatales por las entidades públicas y emitir alertas en los casos en que observen irregularidades. Suplantar en la tarea de toma de decisiones a los funcionarios correspondientes en el interior de cada entidad va más allá del rol encomendado a la contraloría.

Finalmente, y en línea con el punto anterior, sería también importante que el nuevo contralor comprenda que el compromiso de rigor de sus auditores en las fiscalizaciones no debe llevarlos a convertirse en amedrentadores de funcionarios. Y es que el enfoque de ‘orientador’ que buscaba Alarcón se traducía, a fin de cuentas, en una ralentización a la hora de tomar decisiones cuando los servidores públicos enfrentaban el riesgo de acarrear responsabilidades penales, civiles o administrativas si acaso su criterio no coincidía con el de la contraloría.

Durante su presentación ante la Comisión Permanente del Congreso, el señor Shack afirmó que el presupuesto actual le impide emprender una reforma sustancial del organismo que ahora lidera. Pero si evita los errores de quienes tuvieron el mismo encargo antes que él, habrá dado un importante primer paso para empezar a ponerle sabor a esa reforma.