Editorial: Sin salida

Luego de una audiencia de más de 14 horas, el juez Richard Concepción acogió el jueves el pedido del fiscal Germán Juárez y ordenó el impedimento de salida del país, junto con otras reglas de conducta, para Nadine Heredia. La decisión, que alcanza también al hermano de la primera dama, Ilan Heredia, y a su amiga Rocío Calderón, se trata de una medida preventiva en el proceso que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos vinculado con los manejos financieros del Partido Nacionalista. 

Sobre el pedido fiscal, la señora Heredia ha dicho que se trata de un “despropósito” y una “exageración”. Y conocida la decisión del juez, la primera dama criticó en particular la autenticidad de una supuesta carta escrita por Hugo Chávez, presentada por el fiscal Juárez, en la que el entonces mandatario venezolano habría solicitado cuentas por un aporte de dos millones de dólares y revelaría el envío de otros 600 mil dólares para el cierre de campaña nacionalista.

La supuesta carta, sin embargo, no es el único ni principal medio probatorio aportado por la fiscalía y valorado por el juez Concepción, tanto para abrir la investigación formal como para adoptar la medida preventiva que busca evitar la obstaculización del proceso y, en caso extremo, la fuga de los investigados. 

Han sido varios los episodios en los que la conducta de la señora Heredia no ha sido propiamente colaboradora, por decir lo menos. Y es que, como se recuerda, el caso empezó en julio del 2015 con el contenido (no concluyente, pero sí indicativo) de cuatro agendas entonces atribuidas a la primera dama, en las que figuraban una serie de anotaciones que, entre cifras millonarias y referencias a ciertos personajes, parecían revelar la captación de fondos que no se condicen con los aportes reportados por el Partido Nacionalista ni con los ingresos de la pareja Humala-Heredia. En un primer momento, sin embargo, al preguntársele si había extraviado alguno de los cuadernos, la señora Heredia lo negó y dijo que tenía todas sus libretas consigo. 

Lo que siguió después fue una serie de contradicciones, nuevas versiones y correcciones sobre las nuevas versiones. Así, de desconocer las agendas pasó la señora Heredia a reconocer su propiedad pero negar que hubiera realizado las anotaciones en ellas, para posteriormente admitir que, la verdad, sí era su letra, y luego intentar rectificarse con un entrevero semántico (“Mi letra es mi defensa y mi verdad”). 

Finalmente, y prueba grafotécnica de por medio, se determinó que las anotaciones sí correspondían al puño y letra de la primera dama y que, además, ella habría intentado modificar su caligrafía durante los peritajes. La más reciente confesión, no obstante, vino de su esposo, el presidente Ollanta Humala, quien aseguró que los manejos financieros consignados en las agendas fueron dispuestos, en todos los casos, por él mismo y que las agendas eran una propiedad conyugal. En otras palabras, a efectos de la investigación judicial y las posibles responsabilidades, la verdad es que eran coautores. 

A este cúmulo de contradicciones, que si algo indican es que la señora Heredia algo busca ocultar, se deben añadir los otros varios indicios que justifican la investigación: las declaraciones de colaboradores eficaces que dan cuenta de presuntos envíos de dinero al Partido Nacionalista provenientes del gobierno chavista en Venezuela a través de empresas venezolanas y valijas diplomáticas, además de montos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS –investigadas en su país por una amplia red de corrupción de alcance internacional–; sin olvidar tampoco los aportes a las campañas nacionalistas desconocidos por varios de los supuestos aportantes, y las dudosas fuentes de ingresos de la señora Heredia derivados de supuestas consultorías. 

No es un caso terminado, pero las evasivas, cuando no erráticas, explicaciones de la primera dama y sus allegados más que transparentar los hechos parecen aclarar que hay razones fundadas para seguir adelante con la investigación. A la luz de ello, la decisión del juez Concepción para acoger el impedimento de salida del país a los investigados resulta todo menos exagerada.