Editorial: Sanción preventiva

Al principio pareció que se trataba solo de una de esas iniciativas absurdas que un día brotan en medio del discurso de un parlamentario y luego, ante la evidencia de su inviabilidad, se diluyen en el olvido o quedan para la anécdota. Como, por ejemplo, la propuesta del oficialista Sergio Dávila de construir “una réplica de Disney World de Sudamérica en Cusco que nos permita complementar lo que es el turismo arqueológico e histórico con el moderno”.

La exótica demanda de la congresista de Fuerza Popular (FP) Tammy Arimborgo para que las legisladoras Marisa Glave e Indira Huilca respondan ante la Comisión de Ética “por su indignante HT [hashtag] que denigra al Perú”, sin embargo, ha adquirido esta semana visos de materialización preocupantes. Con el voto de la mayoría fujimorista que existía en la sesión del lunes pasado de ese grupo de trabajo, se ha aprobado, en efecto, abrir una investigación indagatoria a las dos representantes de la bancada de Nuevo Perú (NP) por haber impulsado en las redes el uso del hashtag #PerúPaísDeVioladores.

El oficio que solicitó a la comisión revisar el caso provino del parlamentario Modesto Mendoza, también de FP, pero es evidente que en él simplemente se recogía la inquietud de Arimborgo. Y la circunstancia de que el primer paso hacia una eventual sanción haya contado con el voto unánime y exclusivo de los miembros de la bancada naranja presentes sugiere un respaldo institucional a la medida; similar al que le brindaron al pedido del congresista Daniel Salaverry para someter al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a una acusación constitucional, un día después de que él lo planteara a título individual.

Lo que se está considerando sancionar a propósito del uso del referido hashtag es la ofensa que este representaría para el Perú al definirlo como un ‘país de violadores’: supuestamente, una atribución de esa condición a todos y cada uno de sus habitantes. “Tal vez estas congresistas tienen padres, hermanos, parejas violadores”, anotó la señora Arimborgo cuando pidió revisar el caso… en lo que constituyó una denigración mucho más directa y específica que la que decía encontrar en el controversial lema.

En su descargo, Glave y Huilca han señalado en diversas ocasiones que este, en su provocadora formulación, busca visibilizar una pavorosa situación que afecta año a año a miles de peruanas, muchas de ellas, menores de edad (según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a setiembre de este año se reportaron 6.118 casos de violencia sexual en el país, y 2.160 de las víctimas tenían entre 0 y 17 años). “Nadie ha tenido la voluntad de ofender a nadie”, ha declarado Huilca en particular.

En cualquier caso, uno puede pensar lo que quiera acerca de lo afortunado o desafortunado de la generalización que plantea el hashtag en cuestión –si mucha gente lo percibe efectivamente como injurioso, ellas tendrán que enfrentar el costo político de haberlo suscrito–. Pero lo que no se puede hacer es pretender castigar a estas legisladoras por adherir un punto de vista o una opinión, no importa lo exagerada o ‘denigrante’ que se la juzgue. No estamos, pues, ante un escenario equivalente al de la apología al terrorismo o cosa por el estilo.

Y el atropello no solo se consumará si ellas son finalmente sancionadas. La decisión de investigarlas por pensar como piensan u opinar como opinan ya es un abuso en cierta medida, pues constituye una suerte de ‘sanción preventiva’ por lo que difícilmente puede ser catalogado como una falta ética.

Ojalá la comisión que preside Juan Carlos Gonzales y, sobre todo, la mayoría que votó a favor de la apertura de la indagación reconsideren pronto los criterios con los que han adoptado una decisión tan peregrina, antes de que un nuevo gesto estéril y torpe afecte, como suele ocurrir, la imagen de todo el Congreso.