Editorial: Seguridad por dos

Con la frase “se acabaron los guachimanes de chifa con uniforme”, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, anunció hace unas semanas la inminente eliminación del régimen conocido como 24×24 (un día de trabajo policial por un día de descanso). Así, llega a su fin un sistema utilizado por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para complementar los salarios que reciben de la institución con trabajos de seguridad para terceros.

Hace solo cuatro años, el sueldo de un suboficial de segunda era de S/.1.447 al mes, aproximadamente S/.200 por encima de la línea de pobreza familiar. Hoy, el mismo suboficial gana como mínimo S/.2.500 y se espera que llegue a más de S/.2.750 en enero próximo. En general, el personal subalterno verá incrementos de aproximadamente 90% con respecto al salario que recibía en el 2011. Si bien aún no se ha cumplido con duplicar los ingresos, el avance ha sido tan sustancial como necesario para eliminar el 24×24.

Enfrentar el problema de inseguridad ciudadana en el país exige que los efectivos se puedan dedicar de manera exclusiva a sus labores policiales. Los especialistas coinciden en ello. Cuando más de 40.000 policías brindan servicios de seguridad en establecimientos privados para pagar las cuentas del hogar, las prioridades se distorsionan, el descanso se vuelve escaso y el imperio de la ley pierde terreno frente a la delincuencia común y el crimen organizado. Por estas razones, el Decreto Legislativo 1213 emitido por el Ejecutivo la semana pasada para acabar con el sistema es meritorio. 

Los efectos positivos sobre la capacidad operativa de la policía, sin embargo, serán limitados en la medida en que no se trabaje de manera paralela en dos asuntos urgentes. El primero es la corrupción que aún corroe a parte de los miembros de la PNP. Algunos han sido rápidos en colocar las bajas remuneraciones –ahora en proceso de reajuste– como causa principal de la corrupción policial. No obstante, no hay evidencia que apunte a que mayores ingresos por sí solos reduzcan los comportamientos indebidos para lucrar –casos como el de Vladimiro Montesinos son ejemplos flagrantes de ello–.

Es justo reconocer que el ministerio ha venido adoptando algunas iniciativas al respecto desde julio de este año, como la notificación electrónica para formalizar la separación de los policías corruptos y el retiro inmediato de los efectivos que adulteren los equipos para robar combustible. Estas medidas, orientadas a agilizar la desvinculación de malos elementos, son positivas, pero hacen poco para fortalecer los mecanismos de detección de casos de corrupción y debilitar –al mismo tiempo– el mal entendido espíritu de grupo en el cuerpo policial que contribuye en muchos casos a apañar o pasar por agua tibia actos ilegales.

El segundo tema urgente es la formación y capacitación policial. Según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en el 2014, las escuelas de formación de policías atraviesan una situación calamitosa. De las 28 existentes, solo 3 funcionan en buenas condiciones. El resto opera –en el mejor de los casos– con servicios higiénicos deficientes y dormitorios sobrepoblados. Otro dato preocupante es que varios agentes se encuentren patrullando las calles hoy con solo 18 meses de formación presencial y habiendo pasado por escasos cursos de inteligencia policial.

El ránking del Foro Económico Mundial nos coloca en la posición 137 entre 144 países en lo que respecta a la confianza que inspira nuestra policía. La exclusividad de la labor policial con la próxima eliminación del 24×24 y el incremento remunerativo ayudarán a revertir la situación –sobre todo atrayendo a más y mejor capital humano–. Pero mientras la corrupción siga siendo un mal endémico en las comisarías y las condiciones de capacitación en las escuelas de formación policial sean precarias, duplicar los sueldos estará lejos de duplicar la seguridad.