Editorial: Señales de pare

Nos acercamos a las próximas elecciones  regionales en medio de noticias sobre presidentes regionales que contratan sicarios,  presidentes regionales que desvían fondos públicos para fomentar levantamientos sustentados en mentiras y presidentes regionales que parecen haber sumado a su condición de ex terroristas aparentemente no arrepentidos, la de ávidos aprovechadores privados de millonarias transferencias públicas. Mientras tanto, las noticias sobre los gobiernos regionales que con su labor mejoran la vida de sus jurisdicciones escasean. Esto a pesar de que, como lo hemos mencionado varias veces ya, los recursos que se han transmitido a los gobiernos regionales y locales se multiplicaron por diez desde el 2004, pasando de S/.3.000 millones a S/.29,000 millones. Más bien, lo que sigue abundando son los ejemplos de ineficiencia –o franco desperdicio– en el gasto, que se suman a los antes dados de corrupción. 

Naturalmente, ha pasado suficiente tiempo como para concluir que varias cosas están estructuralmente mal en la forma como se ha llevado a cabo nuestro necesario proceso de descentralización. Desde el comienzo se dijo que se estaba traspasando una enorme cantidad de funciones y responsabilidades sin que hubiese un plan para al menos en paralelo ir desarrollando las competencias de gestión necesarias en los aparatos administrativos regionales (competencias que, más de una década después, la mayoría de gobiernos regionales sigue sin poder desarrollar). También se produjo una multiplicación de jurisdicciones electorales sin que, al mismo tiempo, se dieran las reformas que incentivasen la reconstrucción de un sistema de verdaderos partidos nacionales, con militantes y democracias internas también a niveles locales, de forma que cada elección regional no tuviese que ser la lotería entre caudillos en su mayoría desconocidos que acabaron siendo. Finalmente, se dio la antes mencionada multiplicación de los presupuestos (solo el señor Álvarez ha manejado más de S/.12.500 millones de soles en sus años de presidente regional) sin que se fortalecieran las instituciones encargadas de vigilar que estos no fuesen saqueados: todos los presidentes regionales envueltos en los escándalos de corrupción parecen haber tenido jueces, policías y fiscales en sus nóminas. Y esto solo por nombrar algunas de las causas más representativas de los penosos resultados de nuestra descentralización.

Esta situación no puede seguir en el camino en que va. No es mucho lo que se puede decidir de acá a las elecciones regionales, pero sí es bastante lo que se puede lograr con ir trazando una nueva cancha para quienes salgan elegidos en ellas. Los nuevos presidentes regionales deben tomar sus cargos en un contexto en el que ya se estén trabajando en el Congreso reformas que ayuden a corregir la situación regional actual, aunque ellas impliquen, al menos en el corto plazo, recortar algunos niveles de la autonomía. Lo importante es salvar el proceso para el futuro y no permitir que termine explotando por todos lados en medio de escándalos de mafias e incapacidad.

Hay en este sentido una batería de medidas que el Congreso podría ir considerando. Muchas de estas opciones las hemos sugerido ya. Por ejemplo, las siguientes. Una segunda vuelta electoral de modo que haya que lograr convencer a más de un sector de la población de cada región para llegar a los gobiernos regionales (cuyas cabezas, dicho sea de paso, debieran tener un nombre más acorde con el carácter unitario de nuestra República que el de “presidente”). Un empoderamiento legal de las facultades del Gobierno Central para no solo congelar, sino también administrar temporalmente las cuentas regionales cuando los indicios de corrupción en los subgobiernos correspondientes sean masivos y claros, como en los casos que estamos viendo (este poder interventor tendría que estar sujeto a un control posterior del Congreso o el Poder Judicial).Un fortalecimiento de la Contraloría a nivel regional, de forma que ya no sean los propios gobiernos regionales los que contraten y paguen a sus auditores. Una prohibición de la reelección inmediata, de manera que aumenten las posibilidades de que cada autoridad regional sienta que a su mandato podrá seguir el de alguien de un partido diferente que pueda querer investigarlo.

También tendrían que considerarse otras medidas. Por ejemplo, obligar a los gobiernos regionales a regirse por un sistema de presupuestos por resultados, sometiendo por tanto las cantidades de transferencias presupuestales que tendrán cada año a los avances efectivos de ejecución logrados en el año anterior. 

Finalmente – aunque no en el orden de importancia–, tendría que volver a ponerse en discusión el tema de la formación de regiones más grandes (que en su momento fuese intentada con torpeza). La existencia de menos gobiernos regionales haría mucho más fácil, por un lado, la fiscalización del uso de sus recursos y, por el otro, la asesoría del Gobierno Central en su desarrollo de habilidades técnicas. Adicionalmente, daría mayor viabilidad económica a muchos gobiernos regionales y aumentaría la envergadura de los proyectos que cualquiera de ellos podría contemplar.

Estas y otras medidas tendrían que comenzar a avanzar en el Congreso desde ahora, de forma que cuando los próximos presidentes regionales se instalen en sus cargos sepan que las cosas van a cambiar y que los días de presupuestos sin responsabilidades ni controles reales ya no serán más.